AYSA en venta: los interesados en la privatización más grande del Gobierno

El Gobierno avanza con la privatización de AySA, la empresa de agua y saneamiento más grande de América Latina, que presta servicio a 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. El proceso de venta, que no tiene precio base ni mínimo, entró en su recta final: el 12 de agosto vence el plazo para consultar los pliegos y el 27 de agosto se presentarán las ofertas. Hasta ahora, la lista de interesados es acotada y combina jugadores locales con peso político y empresas internacionales.

Entre los postulantes locales se destacan Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti es desde 2009 el proveedor monopólico de policloruro de aluminio (PAC) para la potabilización del agua de AySA. En 2023 ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para ese mismo insumo, proceso que terminó con una denuncia penal de la Coalición Cívica que no prosperó. Ahora prepara una propuesta junto a Rowing, la empresa de ingeniería de Walter Román.

Otro de los interesados es el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas y con experiencia en el rubro. La empresa, que también maneja el ramal Urquiza de trenes y el subte porteño, tiene a su histórico líder, Aldo Roggio, procesado en la causa Cuadernos, donde se arrepintió y reconoció haber pagado coimas equivalentes al 5% del subsidio que recibía por la operación de trenes.

También figura JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats, cuyos ejecutivos están procesados en la misma causa. Según el contador Víctor Manzanares, la empresa ganaba obras en Vialidad Nacional mientras administraba Casa Patagónica Los Sauces, el hotel de la familia Kirchner, que le alquiló el complejo por US$90.000 mensuales durante 11 años, totalizando unos US$10 millones. En ese período, JCR obtuvo 44 licitaciones y una docena de obras viales en UTE.

En el plano internacional, se menciona a Sabesp, el gigante brasileño que opera la red de San Pablo, y a la francesa Veolia, aunque esta última solo participaría a través de su filial local. La estatal israelí Mekorot estuvo presente en las reuniones preparatorias, pero se especula que su rol sería de garantía de prestigio más que de operador.

El contrato de concesión, firmado en mayo, prevé una inversión de US$1940 millones en el primer quinquenio y US$2030 millones en el segundo, hasta totalizar US$15.040 millones en 30 años. Sin embargo, las metas iniciales son modestas: la cobertura de agua potable pasaría de 75,3% a 78,9%, y la de cloacas, de 63,9% a 65,3%. La presión de agua, principal reclamo en la zona sur del conurbano, mejoraría del 58% al 61% en el primer quinquenio. Las obras de mayor porte, como el Río Subterráneo Tramo 2 y las plantas de tratamiento cloacal, recién se encararían después del segundo quinquenio.

El pliego no establece precio mínimo de venta, por lo que el valor final dependerá de la competencia entre oferentes. En el Ministerio de Economía estiman que la operación del 90% de las acciones podría recaudar unos US$450 millones. El 10% restante se destinaría a un programa de propiedad participada, que es el centro de la disputa gremial. El sindicato logró que el convenio colectivo se mantenga vigente para los trabajadores.

Fuente: Lanacion.