California: la ley que obliga a devolver depósitos de permisos de construcción

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el 16 de julio la ley AB 2559, que obligará a ciudades y condados a devolver determinados depósitos reembolsables exigidos al emitir permisos de construcción o demolición. La protección alcanzará a la persona o entidad que haya pagado la garantía y presente dentro del plazo legal documentación que demuestre el cumplimiento de sus condiciones sobre desvío de residuos.

Según el texto oficial de la ley, la norma incorpora un nuevo artículo al Código de Recursos Públicos de California con el objetivo de impedir que los gobiernos locales retengan depósitos reembolsables cuando los solicitantes ya demostraron haber cumplido todas las obligaciones exigidas. La legislación alcanza a quienes hayan pagado un depósito reembolsable, una garantía de cumplimiento u otra garantía financiera similar como condición para obtener un permiso de construcción, demolición o edificación.

Desde el 1.º de enero de 2027, las ciudades y los condados deberán devolver el monto completo a la persona o entidad que pagó el depósito si, dentro de los tres años posteriores a la inspección final, presenta documentación que demuestre el cumplimiento de las condiciones de la garantía. La autoridad podrá negar el reembolso si los documentos evidencian incumplimientos de los requisitos aplicables.

En los fundamentos de la AB 2559, la Legislatura de California explicó que numerosos gobiernos locales exigen depósitos reembolsables para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con los residuos de construcción y demolición. Sin embargo, advirtió que, en algunos casos, esos fondos continuaban retenidos incluso cuando los propietarios o contratistas ya habían acreditado el cumplimiento de todas las exigencias, lo que generaba cargas económicas innecesarias. Por ese motivo, los legisladores señalaron que la nueva norma busca garantizar la devolución oportuna de esos recursos una vez comprobado que se respetaron las obligaciones previstas por la legislación.

Con la entrada en vigor de la ley AB 2559, las ciudades y los condados podrán seguir exigiendo depósitos como garantía para determinados proyectos, pero ya no podrán retener esos fondos cuando el solicitante haya acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas. De acuerdo con el aviso oficial, esa medida busca brindar mayor previsibilidad a propietarios, contratistas y empresas, además de evitar que recursos económicos permanezcan inmovilizados una vez finalizadas las obras y verificadas las obligaciones ambientales.