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Nueva York aprueba ley contra los "precios de vigilancia": multas de hasta US$1.000

El Concejo Municipal aprobó por 44 votos contra cinco una norma que prohíbe usar datos personales para fijar precios distintos a cada cliente.

Redacción••3 min de lectura
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Nueva York aprueba ley contra los "precios de vigilancia": multas de hasta US$1.000

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó una iniciativa para impedir que las empresas usen información personal de sus clientes y cobrarles precios diferentes por los mismos productos o servicios. La medida, identificada como Intro 891-A, recibió 44 votos a favor y cinco en contra y apunta a una práctica comercial conocida como surveillance pricing, o precios de vigilancia.

La norma todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor. Su alcance se concentra en los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Las empresas que incumplan podrían recibir multas de hasta US$1.000 por infracción, y cada consumidor o transacción afectada podría constituir una violación independiente.

Los precios de vigilancia aparecen cuando una compañía utiliza datos personales y herramientas tecnológicas para establecer cuánto cobrar a una persona determinada. Entre los insumos que alimentan esos sistemas figuran el historial de navegación, las compras anteriores, la ubicación del teléfono y los hábitos de consumo, entre otras características individuales.

El resultado es que dos personas pueden consultar el mismo producto desde sus dispositivos y recibir precios distintos porque un algoritmo considera que una de ellas tiene mayor disposición a pagar. El problema, según los impulsores de la medida, es que los consumidores generalmente desconocen que sus datos influyen en el precio ofrecido.

El Concejo citó una investigación sobre una plataforma de entrega de alimentos que detectó diferencias de hasta el 23% entre precios individualizados durante experimentos comerciales. También mencionó un caso en el que el precio de un televisor pasó de US$499,99 a US$599,99 cuando un comprador llegó al estacionamiento de una tienda.

La propuesta prohíbe que las empresas utilicen algoritmos basados total o parcialmente en datos personales para ofrecer precios diferentes a distintos consumidores por un mismo bien o servicio. La restricción alcanzaría tanto a las compras digitales como a determinadas operaciones realizadas en establecimientos físicos.

Sin embargo, no eliminaría los descuentos habituales. El texto permite promociones legítimas y transparentes, como ofertas de dos productos por el precio de uno, programas de fidelización y beneficios para estudiantes o veteranos. El objetivo es distinguir entre una promoción conocida por el público y una modificación individualizada del precio basada en información recopilada sobre cada cliente.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP) sería el organismo encargado de investigar las denuncias y aplicar las sanciones. El proyecto también contempla mecanismos para que los pequeños negocios puedan corregir determinados incumplimientos y evitar multas si actúan con rapidez.

La iniciativa fue impulsada por Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal, quien defendió la medida al considerar que las prácticas de precios individualizados perjudican a los consumidores en un contexto de dificultades económicas. «Cuando las corporaciones utilizan algoritmos y datos personales para cobrar precios diferentes por los mismos productos, es poco ético y agrava nuestra crisis de asequibilidad», afirmó Menin.

La medida se inscribe en un debate más amplio sobre el uso comercial de los datos personales y los límites que deben establecerse a las herramientas de inteligencia artificial en las decisiones de consumo. En esa misma línea, la ciudad ya avanzó con normas sobre transparencia laboral, como la apertura de expedientes laborales a empleados, y con planes para aliviar la carga de multas sobre comercios y dueños de casas.

De completar su trámite y entrar en vigor, las compañías alcanzadas deberán revisar sus sistemas de fijación de precios para evitar diferencias individualizadas prohibidas por la normativa. Para los consumidores, el principal cambio sería una mayor protección frente a prácticas difíciles de detectar, especialmente en plataformas digitales que usan algoritmos para determinar sus ofertas.

Por qué importa

La medida apunta a una práctica invisible para el comprador: algoritmos que fijan cuánto está dispuesto a pagar cada persona según su historial, ubicación y hábitos. Si entra en vigor, obliga a las empresas a revisar sus sistemas de precios en la ciudad más grande de Estados Unidos.

Qué sigue

Falta que la iniciativa complete el proceso legislativo antes de entrar en vigor. Resta definir plazos de aplicación y cómo el DCWP instrumentará las denuncias y las multas por cada transacción afectada.

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