Cámara rechaza recurso de Tapia y Toviggino en causa por mansión de Pilar

La estrategia judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero Pablo Toviggino sufrió este jueves otro revés. La Cámara en lo Penal Económico rechazó un recurso de casación presentado por los presuntos testaferros de Toviggino, Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.

En un fallo firmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, el tribunal denegó un recurso casatorio presentado por Pantano y Conte, quienes figuran como ‘dueños’ de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

Además, los camaristas volvieron a encomendar la causa al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°10, que subroga la jueza Verónica Straccia, y al cual el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, debe enviarle la causa principal de las siete investigaciones que tienen abiertas Tapia y Toviggino.

El tribunal tomó esa decisión el 12 de junio y hasta este jueves, González Charvay no había remitido el expediente AFA a Straccia. En la resolución a la que accedió este diario en fuentes judiciales, los jueces Hornos y Robiglio sostuvieron que Pantano y su madre ‘no alcanzaron a demostrar alguna cuestión’ que pudiera habilitar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal y rechazaron el recurso con costas.

Antecedentes

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el 5 de junio el fallo del camarista Alberto Lugones, que había ordenado que la causa en la que se investiga la mansión de Pilar atribuida a Toviggino fuera investigada por el juzgado federal de Campana. Casación ordenó que fuera la Cámara en lo Penal Económico el tribunal encargado de definir qué juez debe intervenir en el expediente dentro del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Los jueces de la Sala I de Casación, Angela Ledesma y Javier Carbajo, habían anulado el fallo de la Cámara Federal de San Martín que había ordenado que el caso tramitara en Campana. Los camaristas señalaron que, en rigor, la decisión debía haber sido tomada por la Cámara en lo Penal Económico.