Caputo defendió la apertura comercial y cuestionó a los industriales críticos

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió este miércoles a las críticas de referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) contra el rumbo económico y defendió la apertura comercial impulsada por el Gobierno. Reconoció que el nuevo escenario genera dificultades en algunos sectores, pero sostuvo que su responsabilidad es representar al conjunto de la población y no proteger intereses particulares.

La respuesta llegó horas después del acto por el Día de la Industria, donde el presidente de la UIA, Martín Rappallini, reclamó un “puente” entre la economía actual y la competitiva que se busca construir. Uno de los vicepresidentes de la entidad, Guillermo Moretti, había apuntado directamente contra Caputo y cuestionado su conocimiento sobre el sector productivo.

Durante una exposición en el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad, Caputo hizo referencia a esas críticas. “Hoy en particular hubo algún industrial que no fue respetuoso”, dijo, sin mencionar a Moretti. Prefirió dejar de lado las formas para concentrarse en la discusión de fondo.

“Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, porque entiendo que cada uno defiende sus intereses y eso es inevitable”, afirmó el ministro. Y marcó su posición: “A mí, como ministro de Economía, me toca defender los intereses de los 48 millones de argentinos, no de algunos empresarios en particular”.

Horas antes, Moretti había acusado al Gobierno de impulsar políticas de “desindustrialización” y había dirigido una crítica personal al jefe del Palacio de Hacienda. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, afirmó. Rappallini adoptó un tono menos confrontativo, aunque también planteó un diagnóstico crítico sobre la actividad y el empleo.

Caputo defendió el cambio de modelo. Según planteó, la Argentina venía de una economía cerrada, con déficit fiscal financiado mediante emisión y un esquema en el que la industria recibía distintos tipos de protección. Sostuvo que las empresas contaban con costos subsidiados en energía y tipo de cambio, y también con protección sobre la demanda final por las restricciones a la competencia externa.

El ministro afirmó que ese esquema llevó a que los consumidores argentinos pagaran determinados productos entre dos y diez veces más caros que en países vecinos. Mencionó como ejemplos los automóviles, la indumentaria, el calzado, los electrónicos, los celulares y los neumáticos.

“Desde el punto de vista ya moral, a nosotros eso nos parece absolutamente injusto”, sostuvo. Más adelante profundizó: “La forma no puede ser que los argentinos sigan subsidiando a determinados empresarios. La forma es invertir, competir y lograr que la gente tenga acceso a los mejores productos a mejores precios”.

Caputo buscó diferenciar las críticas públicas de lo que, aseguró, escucha habitualmente en sus reuniones con el sector privado. Dijo que mantiene encuentros prácticamente diarios con representantes de distintas industrias y que la reacción mayoritaria no coincide con las posiciones más críticas expresadas públicamente.

“La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio”, afirmó. Según el ministro, también existe entre los industriales una comprensión de que el nuevo modelo requerirá procesos de reconversión e inversión para competir en un escenario de mayor apertura.

En ese punto utilizó los casos de dos fabricantes nacionales para sostener su argumento. Recordó una reciente visita a la planta de calzado Ombú, en Catamarca, y una reunión con representantes de Pampero. Según relató, en ambos casos los empresarios le transmitieron que las inversiones realizadas durante los últimos años les permiten competir con productos del exterior.

Caputo insistió en rechazar la idea de que la competitividad pueda recuperarse exclusivamente mediante un tipo de cambio más alto. “La cosa no pasa por el tipo de cambio”, afirmó. Para el ministro, la mejora debe provenir de la reducción de impuestos y regulaciones, un menor costo financiero y una mejor infraestructura.