Milei enfrenta dos frentes: la tensión por Malvinas y una economía que no despega

El presidente Javier Milei transita un doble laberinto que combina la tensión diplomática por las Malvinas con una situación económica que, detrás de la estabilidad macro y una inflación declinante, muestra señales de agotamiento. La industria y la construcción volvieron a registrar una caída interanual cercana al 5%, mientras la inflación de agosto fue del 1,7%, la más baja en 14 meses.

El mandatario recuperó centralidad tras su apartamiento de la vida pública, pero no logró desplazar el debate económico del eje de la escena. La oposición armó una sesión en Diputados que golpeó a La Libertad Avanza, detonó una interna en esa fuerza y repuso la discusión sobre la morosidad y el desfinanciamiento para las personas con discapacidad.

Según un trabajo de la consultora Management & Fit, el 90,3% de la población se enteró de la novedad oficial sobre Malvinas. Las interpretaciones no fueron homogéneas: casi el 36% la procesó como una defensa indudable de la soberanía del archipiélago, un 34,5% la adjudicó a un gesto de marketing y maniobra electoral, y un 16,8% combinó ambas lecturas.

La estrategia por Malvinas se despliega en dos planos. Uno vinculado a la política exterior que Milei ancló en Estados Unidos e Israel. El otro, atado a la economía: llevar adelante el programa para preservar los recursos de hidrocarburos en torno a las islas demandará inversiones millonarias y gasto público que podrían afectar el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica, pilares de la gestión de Luis Caputo.

Los anuncios oficiales incluyen la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que requerirá mayores herramientas diplomáticas y económicas para coordinar acciones de defensa y recopilar información clave desde la Cancillería. En ese esquema sobresale la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyos fondos reservados representan el 11% del Presupuesto global, reforzados mediante dos DNU de julio y de este mes. El Presupuesto general asciende a $176.000 millones.

Otro punto clave es la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo proyecto apenas avanzó un 9,13% desde 2022 y exigirá alrededor de $400.000 millones. Solo para reactivarlo, el Gobierno anunció una partida de US$142 millones, sin contemplar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, en especial la Armada y la Fuerza Aérea.

El canciller Pablo Quirno inició un proceso sancionatorio y penal contra más de 45 empresas, accionistas y ejecutivos, y advirtió a otras 180 firmas que deberán elegir entre operar en la Argentina o continuar sus actividades en Malvinas. Quirno y el procurador Sebastián Amerio formalizaron una denuncia penal ante el juez Julián Ercolini por violar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Los antecedentes muestran que las primeras inhabilitaciones contra esas firmas ocurrieron en 2013 y se multiplicaron entre 2021 y 2022. Sin embargo, ni Navitas ni Rockhopper detuvieron sus labores en el mar circundante al archipiélago, ni hay constancia de que hayan abonado las multas millonarias.

El empresario Eduardo Elsztain, accionista de la Falkland Islands Company, explicó que buscaba una forma de acercamiento con los kelpers, que tras la guerra de 1982 se convirtieron en la mayor resistencia ante un posible progreso argentino. También aparecen líneas complejas de rastrear, como las empresas noruegas que asesoraron en el proyecto Sea Lion a la sociedad conformada por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que además trabajaron para YPF.

La política y la economía suelen habitar una vecindad incómoda. La audacia de los relatos puede estrellarse contra la terquedad de los números. Existen medidas legítimas en la estrategia por Malvinas que podrían generar ruido en una economía que necesita confianza para intentar un despegue integral. Tanto que Caputo les pidió a estudiantes secundarios que convenzan a sus padres de sacar los dólares del colchón.