Cargill reabrió su planta de Arribeños y los fleteros amenazan con extender el conflicto a los puertos

Cargill reanudó las actividades de su planta de acopio en Arribeños, partido bonaerense de General Arenales, tras más de dos meses de paralización por un conflicto con un grupo de fleteros. La reapertura, que la empresa calificó como "reanudación controlada", se concretó el 10 de septiembre bajo un operativo especial de seguridad dispuesto por las autoridades competentes.

La disputa que había provocado el cierre sigue abierta. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina advirtió que no descarta medidas gremiales de acción directa en la totalidad de los puertos bonaerenses ante la falta de una solución para unos 30 transportistas que, según el gremio, fueron apartados de la operatoria de la compañía.

La multinacional había suspendido las operaciones el 3 de julio al considerar que "no estaban dadas las condiciones de seguridad" para continuar funcionando. En un comunicado, la empresa explicó que la decisión de retomar la actividad se adoptó "luego de las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por las autoridades competentes".

"La situación que dio origen a este escenario continúa siendo ajena a Cargill y responde a diferencias entre actores del sector del transporte", sostuvo la compañía. Y agregó: "La reanudación de las actividades no implica que dicho conflicto haya sido resuelto ni constituye una solución definitiva".

Según la empresa, el establecimiento genera empleo directo e indirecto, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene una relación comercial de largo plazo con alrededor de 130 productores de la zona. Su actividad impacta no solo sobre la logística y el acopio de granos, sino también sobre una amplia red de servicios y actores productivos de la región.

El argumento de los fleteros es que los 30 transportistas habrían sido apartados de la operatoria de Cargill como represalia después de denunciar un supuesto cobro irregular de comisiones. Según la versión del sindicato, esos transportistas venían realizando cargas para la compañía en Arribeños y apuntaron contra Sergio Larovere, entonces tesorero de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y actual presidente de la Unión de Transportistas de Arribeños, por presuntos cobros de comisiones "en negro".

El gremio sostiene que, después de esa denuncia, dejaron de recibir cargas y esos viajes comenzaron a ser asignados a camiones que vinculan con Ramón Jatip, entonces presidente de Catac. Por eso califican la desvinculación como "arbitraria" y cuestionan que Cargill haya reabierto la planta sin que esos 30 fleteros hayan recuperado su participación en la operatoria.

En marzo pasado, Jatip rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de pagos y la existencia de supuestas comisiones. "Cada uno facturaba con sus propias facturas y cobraba sus fletes en sus cuentas corrientes. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara", explicó. Además, aseguró que "nunca nadie los echó" y que la empresa "nunca echó a nadie en esa planta".

Jatip lamentó que los empresarios fleteros los amenazaran a él y a Larovere. "Es lamentable porque nos han amenazado con carteles intimidatorios. Hoy resurgen los problemas y es triste porque nosotros queremos trabajar en paz con las entidades de toda la vida", dijo. Y agregó: "Hay gente que quiere llevarse todo por delante y no se puede".

Cargill, en tanto, indicó que las medidas extraordinarias actualmente vigentes serán monitoreadas permanentemente por la compañía. "La continuidad de la operación dependerá de que existan condiciones seguras, estables y sostenibles en el tiempo", cerraron.

Intervención

A fines de agosto pasado, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata, con desplazamiento de sus autoridades, de la Catac por 180 días hábiles, al advertir un cuadro de riesgo institucional y patrimonial. En una resolución señaló un déficit promedio equivalente al 140% de los ingresos, incumplimientos en la presentación de estados contables —incluidos ejercicios de 2012, 2014 y 2020 a 2025— y la falta de medidas acreditadas para sanear la situación.

La intervención quedó a cargo del abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien deberá analizar la situación económica, financiera y patrimonial, administrar la entidad y evaluar la gestión de la conducción desplazada, pudiendo iniciar acciones civiles o penales si correspondiera.