Conciliación obligatoria en Granja Tres Arroyos: el gobierno bonaerense ordenó reincorporar a 1200 despedidos

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por los despidos en Granja Tres Arroyos y ordenó la reincorporación de 1200 trabajadores. La medida alcanza a las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, y se tomó horas después de que se conociera que la empresa ya desvinculó a unos 1730 empleados en todo el país.

La cartera laboral, conducida por el gobierno de Axel Kicillof, fijó además una nueva audiencia entre las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Siapba) para el próximo jueves. El objetivo será continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.

El grupo GTA atraviesa una crisis financiera que lo llevó a despedir a más del 25% de su dotación total, que asciende a 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias. Según el relevamiento gremial, en la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos suman unos 480 sobre una plantilla de alrededor de 930 empleados. En Buenos Aires, se estiman 1250 desvinculaciones: 750 en Capitán Sarmiento, 450 en Wade 2 (Esteban Echeverría) y 50 en Pilar.

La empresa encuadró las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé una indemnización reducida a la mitad en casos de fuerza mayor o disminución de trabajo no imputable al empleador. El sindicato rechaza ese argumento. “El despido es improcedente e ilegal, porque la empresa se apoya en el artículo 247 invocando fuerza mayor. El argumento de esa fuerza mayor es inválido: todo es riesgo empresarial lo que invocan”, sostuvo Julio Chamorro, secretario general del STIA.

La compañía mencionó entre sus razones la caída de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno. Chamorro cuestionó esos fundamentos: “Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial”. Y agregó: “No es real, el consumo de pollo sigue creciendo”. Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna. “Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones”, afirmó.

El conflicto se agrava porque los trabajadores acumulan varios meses de haberes impagos. Chamorro detalló que existen deudas correspondientes a una parte de abril y a los salarios de mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo. “El que se supone que sigue trabajando o sigue en relación de dependencia con una planta cerrada y sin cobrar, y el que está despedido, están en las mismas condiciones: despedidos sin cobrar indemnización, sin cobrar salario, sin cobrar nada”, describió.

Para el dirigente, detrás de las desvinculaciones podría existir un intento de reducir las obligaciones laborales de la compañía ante una eventual reestructuración de sus pasivos. “Lo único que podemos entender es un intento, una maniobra absolutamente ilegal y artera de alivianar un posible concurso de acreedores”, afirmó. Hasta el momento no existe información oficial de la empresa sobre una presentación concursal.

Pese al enfrentamiento, desde el sindicato aseguraron que están dispuestos a analizar alternativas que permitan preservar la actividad si apareciera un inversor o un esquema viable para reabrir las plantas. Chamorro explicó que incluso propusieron “turnos rotativos y una reducción transitoria de la actividad antes que nuevos despidos”. “La solidaridad entre trabajadores está absolutamente fuerte”, señaló.

Según el gremialista, desde el procedimiento preventivo de crisis iniciado el año pasado los trabajadores ya atravesaron reducciones de ingresos, pérdida de componentes salariales y un plan de retiros voluntarios. Tampoco todos aquellos acuerdos pudieron ser cancelados en los términos previstos. “Les dieron cheques que algunos rebotaron; no se pudieron pagar”, afirmó.