Carrió denunció a Milei por abuso de autoridad y violencia de género contra una periodista

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó una denuncia ante la Justicia contra el presidente Javier Milei por el posible delito de abuso de autoridad en contexto de violencia de género, violencia mediática, digital e institucional en perjuicio de la periodista María Eugenia "Maru" Duffard. La presentación se apoya en el artículo 248 del Código Penal y sostiene que el jefe de Estado traspasó los límites constitucionales.

En el mismo escrito, Carrió solicitó que se le dé intervención a la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación y citó la violación de tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Mencionó los incisos 22 y 23 del artículo 75 y el artículo 14 de la Carta Magna.

"Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él", expresó Carrió. Y agregó: "A mí me dijeron lo mismo, pero los que hablaron hoy están presos por delitos de corrupción. Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria, pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen".

La denuncia afirma que Milei ejecutó un manifiesto abuso de poder y promovió "un ataque misógino en las redes sociales, con cientos de miles de reproducciones", hacia la periodista. Según el texto, el mandatario utilizó un "vocabulario soez, cosificante y agresivo", inapropiado para un jefe de Estado, con el objetivo de menoscabar de forma pública su labor comunicacional.

El encuadre legal se apoya en la Ley de Protección Integral a las Mujeres. La presentación califica el hostigamiento como "violencia psicológica, institucional, simbólica, mediática y digital en el espacio público virtual". Para Carrió, no se trata de "un mero diferendo de opiniones ni un cruce retórico habitual de la arena política".

El núcleo de la acusación sostiene que el jefe de Estado, valiéndose de la asimetría de poder propia de su magistratura, "ha desatado una campaña de hostigamiento digital y mediático orientada a disciplinar las voces críticas". La denuncia apunta también al entorno oficial: al amplificar descalificaciones publicadas por el Director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, el mandatario convierte "el aparato difusor del Estado en una herramienta de persecución selectiva".

Los epítetos dirigidos hacia Duffard, según el escrito, "exceden cualquier noción de debate público maduro". Adjetivaciones que oscilan entre "la humillación personal y la deshumanización absoluta" configuran una agresión verbal que, para la denunciante, tiene como única meta "la deshonra y el descrédito de una comunicadora en ejercicio de su rol profesional".

Desde una perspectiva de género, la presentación encuadra los hechos en la Ley 26.485. "La jurisprudencia y la legislación vigentes establecen con claridad que la violencia psicológica y simbólica no requiere de la agresión física para lesionar la dignidad de una persona. Cuando estas descalificaciones provienen del máximo representante institucional de la Nación, el efecto dañino se multiplica exponencialmente", sostuvo Carrió.

La ex diputada subrayó "la flagrante violación a los compromisos internacionales de rango constitucional" que la Argentina ratificó, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Recordó además que organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y asociaciones de prensa como FOPEA y ADEPA manifestaron su alarma ante lo que identifican como "un patrón sistemático de amedrentamiento hacia los trabajadores de prensa".

"La prensa libre cumple una función de control estratégico e indispensable en cualquier república; cuando se intenta silenciar o condicionar su labor mediante el insulto oficializado, lo que se debilita es el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa", finalizó Carrió.