Casación define si reabre la causa contra Macri y Caputo por el crédito del FMI de 2018

La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada en la que se investigó al expresidente Mauricio Macri y al actual ministro de Economía, Luis Caputo, por el crédito que la Argentina tomó con el Fondo Monetario Internacional en 2018. El caso también alcanzó a Federico Sturzenegger, entonces al frente de la Secretaría de Finanzas.

Quienes deben resolver si reabren la investigación o dejan firme el cierre son los jueces de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. El fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, pidió un plazo de cinco días para definir si mantiene el recurso de queja contra el archivo o lo desiste.

Si Pleé sostiene la queja, Casación podría habilitar la revisión del expediente. Si la abandona, la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger queda cerrada de manera definitiva.

La investigación giró en torno al acuerdo stand by firmado con el FMI en 2018, cuando la Argentina obtuvo un financiamiento inicial de USD 50.000 millones que después se amplió a USD 57.100 millones. El expediente abarcó a Macri y a exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central.

La hipótesis fiscal buscaba determinar si la negociación, la contratación y el uso de esos fondos podían configurar delitos contra la administración pública. También si a partir del acuerdo se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según esa línea, a sostener la formación de activos externos y a beneficiar de manera indebida a funcionarios o terceros.

El otro eje fue si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se incumplieron las normas que regulaban ese tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV debe decidir si habilita la intervención de Casación para revisar el archivo.

El cierre lo dispuso la jueza María Eugenia Capuchetti y lo confirmó la Sala I de la Cámara Federal, con las firmas de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi recurrió primero y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe presentó un recurso de Casación que fue declarado inadmisible, por lo que acudió en queja directa ante el máximo tribunal penal.

La fiscalía objeta pasos administrativos en la concesión del crédito que, para Capuchetti, no constituyen un delito culposo tras cinco años de investigación. Esas objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.

La Cámara Federal, en cambio, sostuvo que tampoco hubo delito doloso. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre. Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos.

"El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma", sostuvieron, y remarcaron que se requiere un ejercicio "manifiestamente arbitrario o abusivo" de la función.

Eso es lo que evalúa ahora Pleé: si, como plantea Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hubo delito y el expediente debe permanecer archivado.