Caso $LIBRA: querellantes apelaron y calificaron al juez de "arbitrario"
Los inversores que compraron la criptomoneda difundida por Milei presentaron recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones para revertir la decisión que los apartó de la causa.

Los inversores damnificados por el caso $LIBRA apelaron la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi que los apartó como querellantes de la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei. Los recursos fueron presentados ante la Cámara Nacional de Apelaciones, donde los afectados calificaron al magistrado de "arbitrario" y cuestionaron también la labor del fiscal Eduardo Taiano.
Son cinco inversores agrupados en dos querellas distintas, que en las últimas horas presentaron escritos con duras acusaciones contra la investigación. Una de las querellas evalúa incluso la posibilidad de recusar al juez. La decisión de Martínez de Giorgi de excluir a los querellantes se conoció el viernes pasado, cuando hizo lugar a un pedido del criptolobbista Mauricio Novelli, quien sostuvo que no hubo estafa sino un negocio que salió mal.
En su resolución, el juez argumentó que $LIBRA es una memecoin, una criptomoneda creada como broma y de alta volatilidad, y que las pérdidas de los inversores se debieron a los riesgos inherentes al mercado, no a un delito. "No se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa", había planteado el abogado de Novelli.
Martín Romeo, uno de los querellantes, presentó un escrito en el que calificó la decisión de "arbitraria". "El magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado", sostuvo a través de su abogado, Nicolás Oszust. La otra querella, representada por el abogado Nicolás Rechanik y patrocinada por el dirigente social Juan Grabois, también apuntó contra el juez y contra el fiscal Taiano, a quien consideraron "cuando menos pasivo" por no impulsar medidas de prueba y por consentir el levantamiento de embargos por sumas "irrisorias" frente a los 44,5 millones de dólares que habrían sido sustraídos.
Ambas querellas coinciden en cuestionar que el juez puso en duda que los damnificados pudieran acreditar la propiedad de las billeteras afectadas. Romeo señaló que presentó escrituras públicas certificadas por escribana, pero el juez no las consideró. "Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente", se quejó. Ahora, los recursos serán evaluados por la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Si la Cámara no hace lugar, la investigación quedará únicamente en manos del fiscal Taiano.
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