Chicago obliga a sus contratistas a revelar vínculos con el ICE y detecta US$3190 millones

La ciudad de Chicago estableció nuevas reglas para las empresas que mantienen contratos o buscan obtenerlos con el gobierno municipal. La Orden Ejecutiva 2026-06, firmada por el alcalde Brandon Johnson, incorpora requisitos de información y controles que expusieron vínculos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según informó el gobierno local, se identificaron contratos municipales vigentes por unos US$3190 millones con 42 compañías que también mantienen o mantuvieron negocios con el ICE. La medida no excluye automáticamente a las empresas con esos lazos, pero busca obtener información para evaluar su conducta en materia de derechos civiles, laborales e integridad pública.

“El dinero público debe fortalecer nuestros barrios, crear oportunidades y servir a quienes consideran a Chicago su hogar, no financiar prácticas que perjudican a nuestras comunidades”, declaró Johnson en el comunicado oficial. La orden se enmarca en la campaña nacional Not With Our Money, que impulsa a los gobiernos a usar sus compras para establecer condiciones de responsabilidad empresarial. Chicago es, según el texto, el primer municipio importante en sumarse a esa iniciativa.

Los contratistas y subcontratistas actuales tendrán 60 días para informar si durante los últimos cinco años recibieron más de 500.000 dólares mediante acuerdos con organismos gubernamentales. También deberán comunicar si estuvieron involucrados en procedimientos civiles o administrativos por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales, actuaciones policiales inconstitucionales o discriminación.

Las empresas con contratos municipales superiores a US$100.000 deberán proporcionar información adicional, aunque la normativa no especifica en el texto difundido qué datos exactos se solicitan. La orden también crea un mecanismo para impedir que entidades que hayan cometido una “violación de integridad pública” en los últimos cinco años obtengan contratos o subcontratos. Entre esas conductas figuran sobornos, robo de salarios y discriminación laboral.

A diferencia de otras prohibiciones del código municipal que requieren condena judicial, la nueva norma contempla decisiones de organismos de supervisión como inspectores generales o auditores. Los futuros contratistas deberán certificar que no incurrieron en esas prácticas y comprometerse a no hacerlo durante la vigencia del contrato. El incumplimiento puede derivar en rescisión, suspensión o inhabilitación.

En cuanto a la transparencia, Chicago publicará las declaraciones presentadas por las empresas dentro de los 30 días posteriores a su recepción, de modo que queden a disposición del público. Además, en nuevos contratos, renovaciones o extensiones, las compañías deberán informar a sus empleados sobre sus derechos bajo las normas contra la discriminación y las regulaciones laborales locales.

La Orden Ejecutiva 2026-06 creó un Grupo de Trabajo sobre Estándares Éticos de Contratación Pública integrado por hasta 12 personas. Ese organismo tendrá que realizar audiencias públicas dentro de los 60 días posteriores a su conformación y, en un plazo de 120 días, presentar propuestas sobre nuevas normas, modificaciones legales, protección de denunciantes y mecanismos de control. A los 150 días, el director de adquisiciones deberá actualizar los procedimientos municipales correspondientes.