EE.UU.: el DOJ imputó a 48 extranjeros por fraude electoral, la mayoría con green card
Los cargos abarcan comicios federales de 2022 y 2024 en California, Pensilvania, Florida, Nueva York y Nevada, a una semana de las elecciones generales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció cargos contra 48 extranjeros por presuntos delitos electorales cometidos en comicios federales de 2022 y 2024. Las imputaciones se reparten entre California, Pensilvania, Florida, Nueva York y Nevada y en la investigación participan varias agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La mayoría de los acusados cuenta con green card, es decir, residencia permanente, aunque también figura un extranjero indocumentado. Los expedientes se encuentran en distintas etapas judiciales y algunos de los imputados habrían ocultado antecedentes de votación al declarar bajo juramento durante sus trámites de naturalización.
El anuncio se produjo a poco menos de una semana de los comicios generales y quedó enmarcado en la avanzada del gobierno de Donald Trump contra las irregularidades electorales. “La ley es clara: solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones de Estados Unidos, y hacer cumplir esta ley es fundamental para nuestra democracia”, publicó el DOJ en sus redes sociales.
California concentra 28 de los 48 casos, la cifra más alta entre las jurisdicciones alcanzadas por la ofensiva. El resto de los estados completa una distribución menor de expedientes, que incluyen tanto acusaciones por voto ilegal como por falsedad en trámites migratorios.
Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), las pesquisas apuntan a la participación de personas que no son ciudadanas estadounidenses en comicios federales. La legislación reserva el sufragio a los ciudadanos, por lo que los residentes permanentes no están habilitados para votar. Otras infracciones pueden corresponder exclusivamente a la legislación estatal.
Los procesos forman parte de “Protect the Vote”, una iniciativa republicana dedicada a la supervisión y a la presentación de demandas sobre reglas de votación. La estructura incluye equipos jurídicos y voluntarios que observan y siguen los comicios, y promueve requisitos de identificación, revisión de padrones y condiciones para el voto por correo. En la misma línea, el diario ya informó sobre otra tanda de imputaciones por fraude electoral en California.
El fiscal general Todd Blanche sostuvo que las investigaciones buscan garantizar que el voto en elecciones federales corresponda exclusivamente a ciudadanos habilitados y que cada persona sufra una sola vez. “Esta es una prioridad del presidente Trump y de toda esta administración”, aseguró en una entrevista.
Blanche afirmó que los procesamientos aumentaron durante el gobierno actual y mencionó cerca de 196 personas acusadas por voto ilegal, frente a 13 casos procesados durante los cuatro años de la gestión de Joe Biden. Según las declaraciones oficiales, hay miles de investigaciones en curso y se prevé la participación de alrededor de 1000 monitores electorales federales en distintas jurisdicciones.
El gobierno federal también respalda mayores controles de identificación y supervisión del voto por correo. El DOJ trabaja junto al DHS y a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mientras las autoridades federales pueden desplegar observadores para controlar el cumplimiento de las normas electorales. En paralelo, la administración mantiene su política de control migratorio, con episodios como los residentes con green card detenidos en aeropuertos.
Por qué importa
La avanzada refuerza el control migratorio y electoral del gobierno de Trump y alcanza a residentes permanentes, un colectivo que hasta ahora no era el foco de este tipo de causas. La discusión sobre quién puede votar se instala en la previa de los comicios.
Qué sigue
Resta conocer cómo avanzan judicialmente los 48 expedientes y si el despliegue de monitores federales deriva en nuevas causas después de las elecciones generales.
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