Más de 30 ciudades del sur de Florida rechazan los acuerdos con el ICE

Más de 30 municipios del sur de Florida con departamentos de policía independientes no firmaron acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para colaborar en la aplicación de las leyes migratorias federales. El dato surge de un relevamiento de contratos públicos que contrasta con el impulso del gobernador Ron DeSantis y de otros funcionarios estatales para sumar a las policías locales al programa 287(g).

Entre las ciudades que quedaron fuera de la colaboración figuran Fort Lauderdale, Miramar, Homestead y Miami Beach. En cambio, alrededor de un tercio de los municipios de los condados de Miami-Dade y Broward que tienen fuerzas policiales propias sí suscribieron convenios, como Coral Gables, Hialeah, Davie, Hollywood y Sweetwater.

El programa 287(g) habilita la colaboración entre las autoridades migratorias federales y determinadas fuerzas policiales locales mediante acuerdos de capacitación y delegación de funciones. Según datos federales, Florida tiene la segunda mayor cantidad de acuerdos 287(g) de Estados Unidos, solo por detrás de Texas, un estado considerablemente más grande.

Una ley estatal firmada por DeSantis en 2022 establece la obligación de incorporarse al programa para las oficinas de los alguaciles y los centros de detención de los condados. El texto, sin embargo, no dispone de manera explícita que todos los municipios deban suscribir acuerdos con el ICE. De hecho, 11 municipios sin acuerdos no recibieron presiones ni amenazas de los dirigentes estatales para incorporarse.

Las ciudades que sí firmaron también enfrentan cuestionamientos de residentes, activistas y dirigentes comunitarios que reclaman el fin de la colaboración. En Miami y Doral, las críticas se concentran en las consecuencias que estos convenios podrían tener sobre la confianza de los habitantes en las fuerzas policiales.

Los opositores sostienen que la participación de agentes locales en tareas migratorias puede generar temor entre las comunidades inmigrantes y desalentar la denuncia de delitos. Según los críticos del programa, algunas víctimas podrían evitar acudir a la policía por miedo a que sus datos o su situación migratoria terminen vinculados con las autoridades federales. El avance de estos convenios se suma a un contexto de presión sobre los inmigrantes en Florida.

En Doral, residentes, representantes de organizaciones sociales y líderes comunitarios acudieron al ayuntamiento para exigir que la alcaldesa Christi Fraga y el concejo municipal abandonen el acuerdo 287(g). La resistencia local también se replica en otros distritos del sur del estado, donde las redadas del ICE ya generan inquietud entre trabajadores y vecinos.

Para incentivar la adhesión, el ICE ofreció a los departamentos policiales un pago inicial de US$100.000, además del reembolso de los salarios de los agentes participantes. Aun así, no estaba claro si esos fondos fueron solicitados o distribuidos hasta la fecha del relevamiento. Tanto Doral como Indian Creek informaron que no recibieron dinero de las autoridades federales por su participación en el programa.

La negativa de decenas de municipios deja en evidencia que la estrategia del gobierno de Florida para involucrar a las policías locales en la política migratoria federal no logró el respaldo generalizado que buscaba, incluso con incentivos económicos sobre la mesa.