Demandan al Uscis en EE.UU. por congelar la green card de refugiados y acortar plazos

Seis organizaciones de asistencia a refugiados y cuatro personas admitidas en Estados Unidos bajo ese programa presentaron una demanda colectiva contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) para frenar tres medidas de la administración Trump. La causa, PANA et al. v. Uscis et al., se radicó en un tribunal federal de Massachusetts y busca suspender las disposiciones mientras avanza el proceso judicial.

El reclamo apunta a la paralización de las solicitudes de residencia permanente, la revisión adicional de refugiados ya admitidos y la reducción del plazo para defenderse de una cancelación de estatus. Los demandantes sostienen que las medidas modifican procedimientos vigentes y limitan las garantías legales de quienes buscan regularizar su situación.

Según la demanda, un memorando del Uscis emitido en noviembre de 2025 ordenó detener el procesamiento de los formularios I-485 presentados por refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025. Los datos citados por los demandantes indican que la medida mantiene sin resolución al menos 113 mil solicitudes de green card en Estados Unidos.

Las organizaciones argumentaron que la agencia no tiene autorización para interrumpir de forma indefinida estos procedimientos. El mismo memorando dispuso una revisión adicional de refugiados que ya habían ingresado legalmente al país, con nuevas entrevistas y evaluaciones para determinar si cumplían con la definición legal de refugiado cuando fueron admitidos.

El segundo eje del litigio es una regla interina publicada el 14 de octubre, que acorta el tiempo para responder a una notificación de intención de cancelar el estatus de refugiado (NOIT). El período pasó de 30 a diez días, con una extensión de tres días cuando la comunicación se envía por correo.

De acuerdo con los demandantes, el cambio modifica una garantía procesal que se mantuvo durante 45 años. Argumentaron que el nuevo plazo no permite, en numerosos casos, conseguir asistencia jurídica, reunir documentación, traducir expedientes o preparar una respuesta ante las autoridades migratorias.

“Los refugiados son parte esencial de este país. Estas medidas representan un terrible retroceso en las políticas de larga data de acoger a familias vulnerables”, dijo Maria Chavez, directora legal de inmigración de Partnership for the Advancement of New Americans (PANA).

“Nadie se beneficia, ni se siente más seguro, ni se recupera plenamente al cambiar arbitrariamente las reglas para presionar a esta comunidad a situaciones cada vez más precarias y difíciles”, afirmó Camille Wathne, directora de proyectos especiales. “Las familias refugiadas a las que servimos se preparan para la posibilidad de que su estatus pueda serles arrebatado arbitrariamente en cuestión de diez días”, agregó.

La acción judicial también advirtió sobre las consecuencias de no contestar dentro del período establecido. Según las disposiciones cuestionadas, la falta de respuesta puede interpretarse como una renuncia al derecho de defensa y derivar en la cancelación del estatus, la pérdida de la autorización de empleo y el inicio de procedimientos de detención o deportación. El tema se suma a otras reducciones de plazos para refugiados impulsadas por el DHS.

Entre las entidades que participan del litigio hay organizaciones que trabajan en reasentamiento, asistencia jurídica e integración de refugiados e inmigrantes. La demanda incluyó además a cuatro personas procedentes de Afganistán, Etiopía, Colombia e Irak, identificadas en el expediente como Lida A., Abdi B., Julio C. y Firas D., cuyas situaciones se vinculan con la paralización de trámites y la revisión de casos ya aprobados.