Cuadernos: empresarios aseguran que Clarens les pidió coimas para destrabar pagos

Dos empresarios del sector vial declararon este lunes en el juicio por los cuadernos de las coimas que Ernesto Clarens, el financista del matrimonio Kirchner, les exigió dinero para destrabar pagos de obras públicas. Se trata de Jorge Cibraro, de la empresa ICF, y Juan Manuel Saavedra Vértiz, de Construmex, quienes afirmaron que mantuvieron reuniones con Clarens pero que no recibieron ningún trato especial porque se negaron a pagar.

“Nos hicieron requerimientos dinerarios a los que nosotros no accedimos”, sostuvo Cibraro ante el Tribunal Oral Federal 7. Durante el período investigado, que abarca de 2003 a 2015, su firma mantuvo cuatro contratos de obra pública con los gobiernos kirchneristas.

Cibraro relató que concurrió a una oficina del centro porteño, en Maipú y Sarmiento, y luego a otra en Puerto Madero. Allí, Clarens, “muy amablemente”, le dio a entender que “si hacía determinados aportes podría llegar a colaborar a disminuir los atrasos” en los pagos.

Por su parte, Saavedra Vértiz contó que tras ganar en 2005 una licitación con una UTE de la que era parte minoritaria, el funcionario Sandro Férgola lo convocó a Vialidad y le comunicó que debía contactarse con Clarens para ajustar cuestiones de una obra sobre la Ruta 3, a la altura de La Matanza.

El empresario dijo que le llamó la atención tener que visitar a una persona que no era funcionaria. En las oficinas de Clarens, en la calle Maipú, se encontró con alguien “simpático” que en un momento le pidió que aportara “para la causa” el 10% de los 125 millones de pesos adjudicados a toda la obra. “Las palabras exactas no me acuerdo, pero se presentó como el hombre que recaudaba para el Gobierno”, recordó.

Saavedra Vértiz se marchó, habló con sus socios y volvió a ver a Clarens para transmitirle que no entregarían el dinero solicitado. Luego declaró Pablo Quantín, de Vial Agro, quien también entró en contacto con Clarens y lo identificó como alguien que podía “influir” o que contaba con “herramientas” para agilizar los pagos. Quantín dijo haber escuchado que las demoras se debían a que gran parte de las erogaciones de la secretaría de Obras Públicas se concentraban en empresas como Austral Construcciones, de Lázaro Báez, u otras de Santa Cruz.

Las direcciones que brindaron los dos testigos coinciden con una de las oficinas en las que el propio Clarens admitió operar cuando declaró como arrepentido y reconoció su rol como recaudador y nexo. Al ser consultado sobre si el financista mantenía vínculos con el mundo de Vialidad, Cibraro dijo: “Debido a sus dichos, sí; en la realidad no lo sé”.

Antes que ellos, otro testigo ofreció un relato similar. Hace tres semanas, Héctor Carreto, de la constructora Equimac S.A., sostuvo que había mantenido un encuentro con Clarens para destrabar pagos atrasados, aunque no llegó a ratificar pedidos de dinero como sí lo hicieron Saavedra Vértiz y Cibraro.

Este capítulo del juicio revisa las obras de los seis corredores viales y los supuestos cobros de retornos en las concesiones por peaje de las rutas nacionales. Una de las defensas más activas es la del empresario Marcelino Aznar, de Decavial, quien estuvo a cargo de uno de los corredores. Como arrepentido, admitió el pago de coimas, pero negó haber actuado como organizador del sector, cargo del que también se lo acusa.