Cuadernos de las coimas: más de 100 testigos declararon y la acusación se sostiene

El juicio oral por los Cuadernos de las coimas lleva menos de un año de desarrollo y, en los cinco meses destinados a las declaraciones testimoniales, ya pasaron por el estrado más de 100 personas. Aún restan alrededor de 500, pero esa cifra podría reducirse si se acentúa la tendencia a desistir de algunos testigos.

“Lo que iba a durar años al final no va a durar tanto. Se avanza mucho más rápido de lo que se pensaba”, considera una de las más de 60 defensas involucradas. Así, sin sobresaltos, el caso que tiene a Cristina Kirchner imputada como jefa de una presunta organización que cambiaba coimas por obra pública se asienta sobre la instrucción del fiscal Carlos Stornelli.

En el juicio no surgieron grandes sorpresas que patearan el tablero ni elementos que hicieran tambalear los pilares de la acusación, que son dos: los cuadernos del chofer Oscar Centeno, con la dinámica de un presunto mecanismo de recaudación, y las declaraciones de los arrepentidos, que abarcan a exfuncionarios y empresarios de primer nivel.

Las defensas buscaron minar esas bases con planteos que en general ya habían sido tratados antes del juicio y fueron rechazados por el Tribunal, y con duros interrogatorios. Por eso, las declaraciones de Diego Cabot, que se extendió por 13 horas, y la de Jorge Bacigalupo, que se dividió en dos jornadas de ocho horas cada una, fueron las más extensas: el periodista que lideró la investigación y el policía que le entregó los cuadernos debieron afrontar un bombardeo de preguntas mientras contaban los inicios del caso.

Al periodista Cabot se lo presionó para que revelara una de sus fuentes, pero el Tribunal Oral Federal 7 se interpuso y lo impidió. A raíz de esos interrogatorios, la fiscal Fabiana León denunció una estrategia de las defensas para “criminalizar” a los testigos y “victimizar” a los imputados. También cuestionó lo que definió como un intento de auditar la instrucción y de realizar un “juicio dentro del juicio”, por los constantes pedidos de nuevas medidas de prueba.

En su indagatoria, la expresidenta ensayó una defensa política, desacreditó el proceso y no respondió preguntas. Visiblemente molesta, debió contestar las de rigor formuladas por el presidente del tribunal Enrique Méndez Signori: nombre, profesión y antecedentes penales. “Ahhhh bueno… ¿Antecedentes penales? Si usted me deja hablar le voy a contar…”, respondió la expresidenta, que quería pasar directamente a su descargo.

Los imputados de mayor peso que brindaron información clave como arrepentidos se negaron a contestar preguntas o incluso a declarar, y sus aportes se incorporaron al juicio oral como prueba silenciosa. Fue un punto que generó rechazo entre las defensas, que buscaban confrontar esas acusaciones. Algunas son demoledoras: Ernesto Clarens, el financista arrepentido que ofició de nexo entre los Kirchner y algunos empresarios, reconoció haber recaudado cerca de 30 millones de dólares. El empresario Carlos Wagner ofreció porcentajes y validó la maniobra. El funcionario Claudio Uberti explicó sus inicios y habló de valijas con millones de dólares en el departamento de los Kirchner.

Un eje que las defensas no abandonan es sostener que todas esas declaraciones fueron arrancadas bajo amenazas por el fiscal Stornelli. El exsecretario de Obra Pública José López, en tanto, contó como arrepentido que Cristina Kirchner estaba al tanto de todo y que los célebres 9 millones de dólares del convento eran de la “recaudación”. En el juicio ofreció una declaración ambigua: sin contestar preguntas y sin correrse de su confesión, dijo que nunca “vio a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita”.

Un bloque de testigos se conformó con contadores de la AFIP que trabajaron en el caso y fue afianzando la idea de que algunas de las empresas que pagaban las coimas utilizaban facturas truchas para justificar las salidas de dinero. En otro tramo, pilotos y trabajadores de los aviones presidenciales ratificaron que funcionarios de confianza del matrimonio Kirchner, como Daniel Muñoz, viajaban a Santa Cruz con valijas cerradas que sorteaban los controles.

Un capítulo aparte fue el de la empresa Techint, que no forma parte del caso. Sus directivos admitieron haber realizado pagos ilegales al funcionario Roberto Baratta, pero quedaron por fuera del juicio oral porque la Justicia entendió que las entregas no eran contraprestaciones a la obra pública, sino pagos por un conflicto puntual en Venezuela. Esos directivos declararon como testigos y sus testimonios generaron distintas lecturas: corroboran la existencia del esquema, pero para algunas defensas dan cuenta de una instrucción selectiva.

Una declaración sí generó sorpresa: la del portero del edificio de los Kirchner en Recoleta. Durante la instrucción, Julio César Silva afirmó que veía ingresar al secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, con bolsos. Pero al declarar en el juicio cambió su versión: “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije. Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”. El testimonio fue celebrado en el Instituto Patria, en una conferencia que encabezó Oscar Parrilli junto al abogado José Manuel Ubeira. “Las causas grandes nunca se voltean de un golpe. Es ladrillo por ladrillo, portero por portero”, sostuvo Parrilli.