Inmigrantes demandan al Uscis por las nuevas trabas al ajuste de estatus

Una coalición de inmigrantes, universidades y organizaciones de asistencia legal presentó una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) para frenar dos memorandos que, según los demandantes, transformaron el ajuste de estatus dentro del país en una vía excepcional. La presentación se hizo el 5 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

El expediente, identificado como American Association of University Professors, et al. v. Markwayne Mullin, et al., reúne a la American Association of University Professors (AAUP), académicos de Harvard y Boston, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y entidades de asistencia legal. También participan personas que hoy tramitan su residencia permanente.

El primer objetivo del litigio es la política PM-602-0199, publicada el 21 de mayo. Según los demandantes, el Uscis empezó a tratar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos como una medida excepcional y no como una vía habitual contemplada por la legislación migratoria. La directriz indica que, en ciertos casos, la decisión de quedarse en el país para tramitar la residencia puede ser evaluada de forma negativa, y obliga al solicitante a demostrar circunstancias que compensen esa presunción. La norma contempla consideraciones particulares para visas de doble intención, refugiados y asilados.

La segunda medida cuestionada es la política de denegación PA-2026-05, publicada el 5 de agosto. Esa norma habilita al Uscis a rechazar determinadas solicitudes sin emitir antes una Solicitud de Evidencia o una Notificación de Intención de Denegar. La demanda también objeta que el criterio se aplique a expedientes que ya estaban pendientes cuando entraron en vigor las nuevas pautas.

“Estamos impugnando estas políticas, que han sembrado caos e incertidumbre en la vida de familias y comunidades inmigrantes”, señaló el American Immigration Council, uno de los representantes legales, en un comunicado. “Obligarlos a someterse al proceso consular implica la separación de su familia y comunidad, la pérdida de empleos para algunos y vivir en un país sin vínculos familiares ni perspectivas”, agregó.

El planteo central sostiene que el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedieron las facultades que el Congreso les otorgó mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Para los demandantes, la sección 245 de esa legislación permite determinadas solicitudes de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos y no autoriza al Ejecutivo a fijar una penalización general para quienes usan esa vía. El argumento se apoya en el contexto más amplio del endurecimiento del ajuste de estatus que impulsa la agencia.

Otro eje del reclamo apunta a la Ley de Procedimiento Administrativo. La coalición considera que las políticas debieron atravesar un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos, porque producen efectos similares a los de una norma sustantiva. También acusa al gobierno de apartarse de precedentes administrativos y de no evaluar las consecuencias para quienes presentaron sus solicitudes bajo las reglas anteriores.

La demanda incorpora además una cuestión de debido proceso. Los solicitantes sostienen que una aplicación retroactiva de los nuevos criterios puede derivar en rechazos sin permitir que los afectados sumen documentación adicional para responder a las nuevas exigencias. Por eso, advierten que las decisiones del Uscis pueden perjudicar expedientes iniciados antes de los cambios.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el procesamiento consular. Para los demandantes, obligar a determinadas personas a salir de Estados Unidos para completar el trámite en el extranjero puede generar separación familiar, pérdida de empleos e interrupciones en carreras profesionales. La salida también puede activar restricciones de reingreso vinculadas con períodos de presencia no autorizada, a lo que se suman demoras consulares, restricciones de viaje y suspensiones en la emisión de visas que podrían mantener al solicitante fuera del país durante un período indeterminado.

El impacto señalado alcanza a cónyuges y padres de ciudadanos estadounidenses, beneficiarios de programas migratorios y profesionales como médicos, profesores, ingenieros e investigadores. El litigio se suma a otras disputas recientes en torno a la política migratoria, como las acusaciones del Uscis por votación ilegal contra dos inmigrantes.

Los demandantes pidieron al tribunal que declare ilegales las dos políticas, suspenda su aplicación mientras avanza el litigio y deje sin efecto las decisiones adoptadas bajo esos criterios.