El DHS compró tres centros de detención migratoria en California por US$950 millones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compró el 5 de octubre tres centros de detención migratoria en Adelanto, en el estado de California, por US$950 millones. Las instalaciones quedan bajo propiedad federal, aunque la empresa privada GEO Group mantiene la gestión de las operaciones. En total, los tres establecimientos tienen capacidad para 2644 personas.

La operación forma parte del complejo de detención de Adelanto y se suma a una serie de compras de instalaciones privadas que el gobierno de Donald Trump viene cerrando durante 2026. Según el comunicado de GEO Group, la compañía espera recibir cerca de US$705 millones netos después de impuestos, comisiones y otros gastos asociados.

GEO Group continuará prestando servicios bajo su contrato vigente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuya vigencia se extiende hasta el 19 de diciembre de 2034. La firma es el mayor contratista del ICE y pertenece a George Zoley.

La adquisición se produce mientras California refuerza los controles sobre los centros de detención migratoria que funcionan en su territorio. El 29 de septiembre, el gobernador Gavin Newsom firmó 21 leyes vinculadas con inmigración, transparencia y supervisión de estas instalaciones. Entre las medidas figura un impuesto del 25% a los centros privados de detención, además de nuevos requisitos de salud, seguridad, acceso a registros públicos y supervisión estatal.

De acuerdo con la prensa estadounidense, la compra de instalaciones privadas responde a una estrategia de la Casa Blanca para reducir la supervisión estatal sobre los centros, aun cuando las empresas privadas sigan a cargo de la operación diaria.

El complejo de Adelanto acumula denuncias y acciones judiciales por las condiciones en las que permanecen los inmigrantes detenidos. Organizaciones de derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva federal en la que señalaron problemas con el agua potable, la alimentación, el saneamiento y la atención médica. Un juez federal ordenó implementar mejoras a partir de esas presentaciones.

Según registros del DHS, cuatro personas murieron en la instalación desde 2025. Una revisión de mortalidad del ICE sobre el caso de Ismael Ayala-Uribe, un migrante de 39 años fallecido bajo custodia federal, concluyó que el personal médico cometió fallas reiteradas y se apartó de los límites considerados seguros para la práctica.

La operación de Adelanto se suma a otras compras de instalaciones privadas realizadas por el DHS durante 2026. El gobierno federal ya destinó cerca de US$3200 millones a la adquisición de centros de detención, la mayoría en California. La expansión se produce después de que el Congreso aprobó en 2025 una asignación de US$45.000 millones para infraestructura y operaciones de detención migratoria.

Además, en septiembre el DHS firmó un contrato de construcción por US$1200 millones para ampliar una instalación de propiedad federal en El Centro, California, que antes utilizaba el ICE y que ahora opera GEO Group para el Servicio de Alguaciles. El avance de estas compras se da en paralelo al refuerzo de las redadas migratorias en distintos estados del país.