Detuvieron en Rosario a un falso juez que buscaba acceder a datos policiales secretos

Un hombre de 34 años fue detenido en Rosario acusado de hacerse pasar por juez federal para obtener claves de acceso al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una base de datos reservada que concentra pedidos de captura y restricciones sobre personas y vehículos. La detención se concretó el 29 de septiembre en el barrio de Fisherton, donde reside el sospechoso, identificado como Cristian Martínez.

La Justicia federal le imputó usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó que permanezca bajo prisión preventiva por 90 días. Los investigadores intentan determinar si actuaba por cuenta propia o si respondía a una organización vinculada con el narcotráfico.

La pesquisa estuvo a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari y del auxiliar fiscal Ignacio Falconi, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Ambos reconstruyeron una serie de comunicaciones enviadas entre noviembre de 2024 y julio de 2025 al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal.

La primera maniobra documentada ocurrió el 5 de noviembre de 2024. Desde una dirección electrónica que simulaba pertenecer al Poder Judicial, el acusado pidió las claves del Sifcop y firmó el mensaje como Julio Andrés Herrera, presentado como juez federal, aunque no existe ningún magistrado con esa identidad. Le respondieron que debía canalizar el pedido a través de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema.

Lejos de abandonar el intento, dos semanas después envió otra comunicación desde una dirección que imitaba el dominio del máximo tribunal y se presentó como responsable del área. La estrategia cambió en julio de 2025, cuando creó desde su domicilio una cuenta que simulaba pertenecer a un juzgado federal y alegó una investigación penal por manejo irregular de información confidencial.

El 3 de julio remitió dos correos con documentación que supuestamente llevaba la firma de María Servini. La falsificación contenía un error decisivo: presentaba a la magistrada como titular de un juzgado que no estaba bajo su responsabilidad. Según explicó Reynares Solari, había invocado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, cuando Servini estaba a cargo del N°1.

Las inconsistencias motivaron una denuncia que permitió reconstruir el origen de las comunicaciones. Los investigadores vincularon las direcciones electrónicas con el sospechoso a través de información de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. También apareció una placa falsa de la Policía Federal durante el allanamiento.

La pesquisa abrió además interrogantes sobre la actividad económica del detenido. Aunque no registraba ingresos declarados ni estaba inscripto como monotributista, sus cuentas bancarias recibieron $41 millones durante 2024, otros $34 millones en el primer semestre de 2025 y $49 millones en 2026. Una fuente de la investigación sostuvo que los pesquisas sospechan que trabajaba para otra persona cuya identidad todavía no pudieron establecer.

La fiscalía analiza posibles conexiones con personas relacionadas con investigaciones contra Julio Rodríguez Granthon, conocido como El Peruano, un expiloto nacido en Perú con condenas por narcotráfico que superan los 30 años de prisión. Por ahora no se informó de una vinculación comprobada judicialmente. El expediente también reveló que el acusado registraba una suspensión de juicio a prueba dispuesta el 17 de junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 en una causa por falsificación de documento público, y antecedentes por certificados médicos de vacunaciones que no se realizaron.

Reynares Solari advirtió sobre las consecuencias que podría haber tenido una filtración de esa información en una ciudad atravesada por investigaciones contra organizaciones criminales. Señaló que el acceso ilegal a bases de datos vinculadas con la persecución penal representa un riesgo particularmente grave en Rosario, donde distintas causas determinaron que personas detenidas continuaban organizando delitos desde prisión.

La investigación sigue abierta para determinar qué pretendía hacer con la información, si existieron otros intentos de obtener datos reservados y si actuaba siguiendo instrucciones de terceros. Por ahora, la Justicia considera acreditados los elementos suficientes para mantenerlo detenido de forma preventiva.