Justicia

EE.UU. cerró su expediente por $LIBRA: no ve pruebas de delito y no enviará datos a la Justicia argentina

El Departamento de Justicia le informó al Gobierno de Milei que no entregará los registros pedidos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi porque la información argentina fue insuficiente.

Redacción••3 min de lectura
Compartí esta nota:
EE.UU. cerró su expediente por $LIBRA: no ve pruebas de delito y no enviará datos a la Justicia argentina

El gobierno de Estados Unidos concluyó que no hay pruebas suficientes de un delito en el caso $LIBRA y le comunicó de manera formal a las autoridades argentinas que no entregará los registros solicitados por la Justicia. La posición oficial quedó plasmada en una carta de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia, fechada el 28 de septiembre en Washington.

El documento, de una carilla, fue remitido al Ministerio de Justicia argentino para que lo presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por presunto fraude en los tribunales de Comodoro Py. En el texto, la fiscal Mari Aponte indicó que "la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito".

La requisitoria argentina buscaba acceder a "registros de suscriptor" para avanzar en la causa por el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el respaldo del presidente Javier Milei, quien publicó en su cuenta de X el código indispensable para adquirirlo. El pedido había comenzado a tramitarse hacía más de un año y medio y el Departamento de Justicia lo recibió el 8 de abril de 2025.

Según la respuesta oficial, los funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones, el 24 de abril y el 31 de julio de 2025. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. El resultado final fue negativo.

"Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto", señaló la OIA. El texto agregó que "deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas".

En paralelo, el Departamento de Justicia fijó una pauta general sobre los criptoactivos: "Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados". Y remarcó que "las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades".

Aunque la carta no mencionó a ningún político en particular, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes usaron sus redes para difundir memecoins con sus nombres o, en el caso del mandatario argentino, $LIBRA. Tras el colapso, Milei borró su posteo original y sostuvo que solo se había limitado a "difundir", no a "promocionar" el proyecto, al que luego describió como "ir al casino" o una "ruleta rusa".

La comunicación estadounidense se conoció un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados y dispusiera el cierre de esa causa. Rochon admitió los pedidos de desestimación de Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, de Benjamin "Ben" Chow y de Dynamic Labs, y concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no lograron demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO. La jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución.

La carta del Departamento de Justicia cerró el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido. Esa área recibió al menos un "reporte de operaciones criminales" en los días posteriores al colapso, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.

Por qué importa

La negativa estadounidense debilita la investigación argentina por presunto fraude y refuerza la posición de Milei, que sostiene que solo difundió el criptoactivo. La causa en Comodoro Py queda sin acceso a los registros clave que pedía desde 2025.

Qué sigue

El juez Martínez de Giorgi deberá definir cómo continúa la causa sin los registros solicitados. Los demandantes en Nueva York evalúan si apelan el fallo ante la Cámara de Apelaciones, mientras no se sabe si la Sección Fraudes de EE.UU. avanza con su propia investigación.

¿Te gustó esta nota?

Recibí lo más importante del día en tu correo. Sin spam, con opción de baja siempre.

Más en Justicia