Cristina Kirchner no puede ser candidata: las tres inhabilitaciones legales que pesan sobre ella

La condena a seis años de prisión por administración fraudulenta de recursos públicos que quedó firme el 10 de junio de 2025 dejó a Cristina Fernández de Kirchner sin posibilidad técnica de volver a presentarse como candidata ni de ocupar un cargo público. La expresidenta cumple la pena con arresto domiciliario y sobre ella pesan tres inhabilitaciones legales vinculadas con sus derechos políticos.

La estrategia de sus abogados apunta a que una comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la creada por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la habilite para participar del proceso eleccionario del año próximo. El planteo reabrió el debate sobre si una dirigente condenada puede quedar fuera de la competencia electoral.

La primera inhabilitación surge del artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, que impide ser precandidata en una interna y candidata en una elección nacional a quien está inhabilitado para votar, y del artículo 3 del Código Nacional Electoral, que veda el voto a quien fue condenado por un delito doloso con sentencia firme. Como la expresidenta no puede votar, tampoco puede competir.

La segunda inhabilitación proviene de los artículos 12 y 19 del Código Penal, que impiden ocupar cargos públicos a quien recibió una pena de más de tres años de prisión. A eso se suma una tercera inhabilitación especial y a perpetuidad para ejercer cargos públicos, aplicada por haber cometido el delito valiéndose del cargo que ocupaba, en este caso el de presidenta de la Nación.

El recorrido institucional, según este análisis, fue el previsto por la ley: una jefa de Estado cometió un delito, el Ministerio Público la acusó, la Justicia investigó y la condenó con las penas e inhabilitaciones fijadas por leyes sancionadas antes por el Congreso. La causa llevó más de diez años y la defensa presentó pruebas e interpuso más de trescientos recursos.

Ni el Estado de Derecho ni la justicia son incompatibles con la democracia

Para el autor, no existe una "teoría de la proscripción" aplicable al caso, porque la democracia no debe justificar que los condenados por delitos dolosos participen del juego electoral sin restricciones. En esa línea, la discusión sobre las reglas institucionales atraviesa buena parte del debate público argentino.

El texto también cita el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que atenta contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el Estado con enriquecimiento ilícito, y queda inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos públicos. La Justicia encontró culpable a la expresidenta de un delito doloso de esas características y le aplicó la pena con sus inhabilitaciones.

Según este razonamiento, ni la Constitución ni los tratados internacionales que tienen su jerarquía impiden las restricciones: los derechos políticos se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, y el Código Nacional Electoral, el Código Penal y la ley de partidos políticos son reglamentaciones razonables de esos derechos.

El análisis sostiene además que un eventual indulto presidencial sería inconstitucional, porque la Ley Suprema considera inindultable el delito de atentado contra el orden constitucional y la democracia. Para el autor, las inhabilitaciones no son responsabilidad de la democracia ni de la República, sino exclusivamente de la propia condenada.