El ex cuñado de Insaurralde, con prohibición de salir del país por obra pública en Lomas de Zamora

El juez federal Luis Armella rechazó los pedidos de detención pero ordenó la prohibición de salir del país para Jesica Cirio, Martín Insaurralde y el ex cuñado de este último, Víctor Donadio, vinculado a la empresa DOIO S.A. que construyó la mansión de San Vicente. Además, la firma obtuvo al menos 12 obras públicas para la Municipalidad de Lomas de Zamora, entre otros contratos con intendentes kirchneristas del conurbano bonaerense.

Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), otro de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y varios dictámenes del fiscal federal Sergio Mola señalan a Donadio y a DOIO S.A. por sus vínculos económicos oscuros con Insaurralde. Donadio fue el esposo de una de las hermanas del ex intendente de Lomas de Zamora y es considerado uno de sus hombres de confianza.

Si bien el juez Armella opinó en forma polémica que en la causa hay "una orfandad probatoria", que mantenga a Donadio imputado es importante. En la causa se investiga si el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof pudo haberse financiado mediante el manejo del juego en la provincia de Buenos Aires, la protección política a la feria de La Salada y el presunto direccionamiento de la obra pública en el municipio.

En esos documentos se describen distintos negocios vinculados con la obra pública en Lomas de Zamora. En la mayoría de las inauguraciones de estas obras estuvo la ex presidenta Cristina Kirchner. La empresa que originalmente adquirió los lotes donde luego se construyó la mansión de Martín Insaurralde en San Vicente fue DOIO S.A., que tenía los derechos sobre los terrenos de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Donadio fue cuñado de Insaurralde entre 2007 y 2009, al estar casado con una hermana del dirigente peronista, y participaba de reuniones políticas del peronismo.

Donadio recomendó al arquitecto Federico Furcio para la construcción de la mansión. Según la documentación del fiscal, las nuevas obras fueron abonadas por Insaurralde, mientras que las expensas eran pagadas por Jesica Cirio.

DOIO S.A., propiedad de Víctor Donadio, obtuvo al menos 12 contratos de obra pública de la Municipalidad de Lomas de Zamora durante la gestión de Insaurralde. Entre las principales obras adjudicadas figuran el edificio del Honorable Concejo Deliberante, el Hogar de Mujeres Fátima Catán, la pileta y los vestuarios de Villa Albertina, el Cuartel de Bomberos y Centro Cívico, el Centro Cultural Néstor Kirchner, la Estación de Transferencia y el Polideportivo Néstor Kirchner. Durante la gestión de Insaurralde se expandió la construcción de edificios de gran altura en zonas estratégicas de Lomas de Zamora.

En el centro de la ciudad, donde se desarrolló el polo gastronómico Las Lomitas, la firma Sasaxa Libero explotó el restaurante Andiamo. Posteriormente, esa empresa pasó a ser propietaria de la mansión del ex intendente.

A pedido del fiscal Mola, el juez Armella dispuso imponer a Martín Insaurralde, Jesica Wanda Judith Cirio, Sofía Clerici, Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadio las siguientes medidas de coerción: prohibición de salida del país, con comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones, y obligación de no ausentarse en un radio de 50 kilómetros del domicilio denunciado sin autorización judicial previa, y de informar al tribunal todo desplazamiento que implique una ausencia superior a 24 horas.

Es decir, DOIO S.A. y Donadio continúan bajo la lupa de la Justicia. El problema es que el presunto direccionamiento de la obra pública ya había sido investigado en una causa tramitada en la Justicia bonaerense, que finalmente fue archivada y destruida por el fiscal Carlos Baccini, quien tiene un pedido de jury y sanciones administrativas por esa polémica decisión.

En 2017, una auditora del Tribunal de Cuentas encontró en dependencias de la Municipalidad de Lomas de Zamora documentación que incluía facturas, remitos, sellos y formularios en blanco de empresas proveedoras del municipio. La sospecha era que existía un "kit" destinado a confeccionar expedientes de contrataciones públicas sin seguir los pasos correspondientes. En principio, el fiscal Pablo Rossi impulsó inicialmente la investigación y ordenó allanamientos y pericias. Posteriormente fue reemplazado.

Su sucesor, Sebastián Bisquert, archivó el expediente en noviembre de 2020. En su resolución sostuvo que no existían pruebas suficientes de un delito penal y que, en el peor de los casos, podía haber existido una irregularidad administrativa sin perjuicio económico comprobado contra el municipio. Esa decisión fue revisada por el entonces fiscal general interino Carlos Baccini, quien confirmó el archivo. Además, dispuso resolver el destino de los elementos secuestrados.

Posteriormente, el fiscal Jorge Grieco ordenó devolver parte de la documentación secuestrada al contador municipal Hernán Rosin y al abogado municipal Alberto Colautti. Según versiones periodísticas, el resto del material —entre ellos, escuchas telefónicas y el contenido de una computadora— fue destruido con autorización judicial. Más recientemente, se presentó un pedido de juicio político y otro disciplinario contra Carlos Baccini por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con el archivo de esa causa y la presunta desaparición o destrucción de pruebas. Baccini rechazó las acusaciones y sostuvo que actuó conforme a la normativa vigente y que el expediente nunca quedó definitivamente cerrado, pero su decisión traba ahora la investigación de la justicia federal.