El Gobierno licita el Belgrano Cargas: concesión por 50 años, inversión de US$1000 millones y cláusula anti-China

El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó este lunes la resolución que habilita el llamado a licitación de las vías de las tres líneas que opera Belgrano Cargas. La medida se publicará este jueves en el Boletín Oficial y pone en marcha formalmente la privatización de la empresa estatal. El proceso contempla concesiones por 50 años, una inversión objetivo de unos US$1000 millones y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI.

La primera etapa comprenderá la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y presentar ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. Un minuto después se realizará la apertura de sobres.

Belgrano Cargas y Logística opera actualmente una red de 15.822 kilómetros de vías, aunque solo unos 7600 kilómetros están en operación. El Belgrano es el más extenso, con 7712 kilómetros; le siguen el San Martín, con 5368, y el Urquiza, con 2742.

El mecanismo elegido tiene una particularidad: no habrá una puja por quién paga más al Estado. Los oferentes competirán mediante una fórmula que combina el peaje máximo que pretenden cobrar y las inversiones que se comprometan a realizar. En términos simples, tendrá ventaja quien ofrezca cobrar menos e invertir más.

Según los pliegos, la Comisión Evaluadora elaborará un orden de mérito y recomendará la adjudicación al oferente con mayor puntaje. Para calcularlo, se tendrá en cuenta la relación entre el piso del peaje y la tarifa máxima propuesta, junto con los puntos por obras obligatorias y optativas.

Los contratos tendrán una duración de 50 años desde la toma de posesión y no admitirán prórrogas. En el Gobierno calculan que el esquema movilizará inversiones por unos US$1000 millones para las tres líneas, un número módico para semejante red vial. Parte de las obras serán obligatorias y deberán completarse en los primeros cinco años, mientras que las optativas podrán extenderse hasta 15 años.

Para facilitar esas inversiones, los adjudicatarios podrán encuadrar los proyectos en el RIGI, con una inversión piso de US$200 millones. Los beneficios se imputarán únicamente a la actividad incremental generada por las nuevas inversiones, medida por la carga adicional transportada por encima de una línea base fijada para cada ferrocarril.

Los pliegos también establecen las bandas de peajes: en el Belgrano, entre US$0,00755 y US$0,02163 por tonelada-kilómetro; en el San Martín, de US$0,00708 a US$0,02034. La tarifa resultante funcionará como un techo, no como precio fijo, y se actualizará anualmente. Una vez habilitadas las obras obligatorias, aumentará 15% por única vez.

El modelo preservará el “open access”, que permite que diferentes operadores ingresen a la red con sus propios trenes mediante el pago de un peaje. El futuro concesionario administrará y mantendrá las vías, pero deberá permitir la circulación de otros operadores de manera “transparente, objetiva y no discriminatoria”.

Entre los requisitos para participar, no podrán competir empresas estatales nacionales o provinciales ni compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. La restricción alcanza a sociedades sujetas al control de “Estados soberanos” y deja afuera, en particular, a las empresas estatales chinas, protagonistas en los últimos años del financiamiento ferroviario argentino.