El oficialismo apura el debate por Malvinas en Diputados y busca dictamen el 6 de octubre

El oficialismo de La Libertad Avanza puso fecha al debate del proyecto de Defensa de la Soberanía que envió el Ejecutivo tras la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas. La discusión en comisiones de la Cámara de Diputados arrancará el miércoles próximo, con la intención de firmar dictamen el 6 de octubre y llegar al recinto al día siguiente.

El texto ingresó al Congreso a mitad de mes y fue girado a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Las presiden los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La primera jornada será informativa y contará con la presencia de funcionarios del Ejecutivo de las áreas de Cancillería, Defensa y Justicia, que expondrán los alcances de la iniciativa. La segunda reunión está prevista para el 6 de octubre, cuando los más optimistas del oficialismo pretenden emitir dictamen.

El objetivo es que el proyecto llegue al recinto en una hipotética sesión del 7 de octubre, en la que también se tratarían el nuevo proyecto de Discapacidad y el de Endeudamiento, que recibirá dictamen de comisiones este martes.

Sin embargo, la iniciativa ya acumula rechazos en puntos concretos. El más cuestionado es el artículo 111, que modifica el Código Penal y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.

"El presidente que acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso", sentenció el radical Pablo Juliano días atrás.

Desde el MID también apuntaron contra el articulado: "La existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso en su artículo 75".

En la misma línea se expresó Eduardo Valdés, de Unión por la Patria: "El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas".

Los ejes del proyecto

El texto deroga la actual Ley 26.659, sancionada en 2011, que fija las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. En su reemplazo establece un nuevo régimen de sanciones cuyo alcance se amplía más allá de la actividad hidrocarburífera: abarca cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables que se realice sin autorización argentina, lo que potencialmente incluye la actividad pesquera.

La iniciativa amplía las prohibiciones a personas y empresas que faciliten o participen en actividades no autorizadas, e incorpora determinadas reorganizaciones societarias destinadas a eludir sanciones. El régimen de penalizaciones contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales.

Además, crea un mecanismo para que quienes actualmente desarrollen actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación mediante el pago de una suma o la reconversión de inversiones. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto también crea un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas. El concepto de seguridad incorpora cuestiones vinculadas con soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura y ciberespacio, entre otras.