El oficialismo obtuvo dictamen para recortar subsidios de gas en zonas frías

El oficialismo logró despachar en comisiones el proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y recortar significativamente los subsidios al gas natural. La iniciativa, denominada "Medidas Energéticas", propone un cambio de criterio fundamental: pasar de un esquema masivo definido por ubicación geográfica a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El proyecto obtuvo 46 firmas de diputados de La Libertad Avanza, UCR, Pro, MID e Innovación Federal durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda.

Tres diputados opositores firmaron en disidencia: Nancy Picón (San Juan), Elia Fernández (Tucumán), Pamela Verasay y Lisandro Nieri (Mendoza). Los libertarios Facundo Correa Llano y Alberto Benegas Lynch condujeron los debates como titulares de las comisiones. El dictamen quedó listo para debatirse en el recinto de Diputados, posiblemente la próxima semana, junto con otros proyectos como la ley "Hojarasca" y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, informó que el Estado nacional destina actualmente $500.000 millones para subsidiar a población de toda una vasta región sin distinción de capacidad de pago. "Queremos que quienes pueden pagar la energía la paguen, y que quienes no pueden reciban ayuda", explicó. El proyecto busca eliminar la ampliación del régimen que dispuso el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte.

Esa ampliación incorporó 3.431.000 personas al régimen de zonas frías, según informó la diputada oficialista Silvana Giudici. De esa población agregada, el 60% tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos. El proyecto del Poder Ejecutivo eliminaría el subsidio automático del 30% en la llamada "zona ampliada", que incluye amplias zonas del interior de Buenos Aires como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, el sur de Santa Fe, centro de Córdoba, San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

El gobernador más afectado será Axel Kicillof. La diputada de Unión por la Patria Jimena López advirtió que 1,3 millones de bonaerenses perderían el subsidio con esta reforma. En adelante, el descuento en la tarifa se mantendrá solo para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF): hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones según Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar y veteranos de Malvinas. El dictamen agregó un nuevo grupo: personas que viven en un hogar donde reside alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno sin filtro de ingresos en zonas de "efectiva severidad climática": Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. La iniciativa introduce cambios técnicos centrales. El subsidio automático del 50% ya no se aplicará sobre toda la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en origen, excluyendo costos de transporte y distribución. Esto reduciría significativamente el monto subsidiado en la práctica.

El peronismo cuestionó duramente la propuesta. La diputada Julia Strada rechazó que el Gobierno atribuya mejoras del frente energético únicamente al equilibrio fiscal. "Uno no exporta US$5.700 millones de un año al otro por arte de magia", argumentó. El bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo que mantiene el régimen actual de zonas frías, crea una tarifa eléctrica diferencial para el norte, propone mecanismos de compensación de deudas con Cammesa y extiende por diez años las exenciones para energías renovables.

Hay fisuras en provincias gobernadas por aliados circunstanciales del oficialismo. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, manifestó en redes: "No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento". El proyecto también modifica el circuito de pagos: el Estado compensará directamente a productores y proveedores en lugar de hacerlo a través de distribuidoras, buscando evitar atrasos en la cadena. El financiamiento seguirá solventado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas a través de un recargo del 7,5% en facturas, que el Poder Ejecutivo podrá ajustar en un margen de hasta el 50%.