El vocero presidencial admitió el desvío de fondos para rutas y ya hay denuncias penales

El Gobierno nacional enfrenta un nuevo escándalo por el uso de fondos destinados a la infraestructura vial. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que más de $1 billón recaudados a través del impuesto a los combustibles fueron desviados al Ministerio de Economía para sostener el superávit fiscal. La cifra, que asciende a $1.001.017.908.957, fue redirigida del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y ya generó denuncias penales y críticas de la oposición.

El SISVIAL es un fideicomiso que, por ley, debe destinarse exclusivamente a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales. Sin embargo, de los 1,5 billones de pesos recaudados, solo se ejecutó cerca de una cuarta parte para su fin original. El resto fue inmovilizado en plazos fijos del Banco Nación y letras del Tesoro, según consta en una denuncia presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz.

En una entrevista con Diario de La Pampa, Ravier justificó la medida: "Sin duda, una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos". Sus declaraciones encendieron las alarmas en la oposición y en los distritos que reclaman por el estado de las rutas.

La diputada peronista presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad. En su escrito, Tolosa Paz sostuvo que se priorizó la "mesa de dinero" sobre la seguridad vial, mientras las obras comprometidas permanecen paralizadas y la red vial nacional exhibe un deterioro "calamitoso".

El conflicto también llegó a la Justicia. El 31 de julio, el Juzgado Federal de Venado Tuerto (Santa Fe) hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio por el estado "crítico e intransitable" de tramos de las Rutas Nacionales 33, 8 y 7. El juez Aurelio Cuello Murúa ordenó la "inmediata y urgente reparación integral" de esas vías, señalando que la falta de mantenimiento no se debe a la carencia de recursos, sino a la omisión deliberada de autorizaciones presupuestarias.

Las críticas también llegaron desde los municipios. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, utilizó su cuenta de X para cuestionar la decisión: "El impuesto para las rutas no se gasta en las rutas, se invierte en plazos fijos y títulos para sostener el 'equilibrio fiscal'. Se guardaron 1 billón de pesos, un 1 seguido de doce ceros". Además, denunció que a La Pampa le llegó solo el 0,05% de los fondos, ubicándose en el último lugar del ranking de distribución.

El caso expone la tensión entre la meta de equilibrio fiscal y la inversión en infraestructura, un tema que promete seguir sumando capítulos tanto en los tribunales como en la agenda política.