En el Congreso empiezan a debatir cómo regular las redes sociales para menores

En el Congreso nacional ya comenzaron a analizar varios proyectos para regular el uso de redes sociales entre menores, siguiendo la tendencia global iniciada por Australia y continuada en Europa. Bajo la premisa de proteger el bienestar físico y mental de niños y adolescentes, en la Cámara de Diputados diversos bloques y legisladores presentaron iniciativas para poner fin al “vacío normativo” que permite a los algoritmos y modelos de negocio captar su atención y sus datos.

Las propuestas, que se debaten en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, abordan desde la privacidad de los perfiles hasta la prohibición de publicidad de apuestas online. Uno de los puntos con mayores diferencias es la edad mínima para ingresar a las redes. El proyecto de Unión por la Patria –firmado por Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin, María Jimena López y Hugo Yasky– propone el esquema más restrictivo: prohíbe las cuentas para menores de 14 años, incluso con consentimiento parental. De los 14 a los 16 años, exige autorización de los padres y vinculación obligatoria al perfil de un adulto; a partir de los 16, podrían registrarse con configuraciones “reforzadas de protección”.

El proyecto de María Inés Zigarán, acompañado por varios integrantes de Provincias Unidas, fija la barrera en los 13 años para “servicios de alto riesgo”, requiriendo consentimiento expreso de los padres para adolescentes de 13 a 16 años. Desde esa edad, los jóvenes podrían prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos según “su autonomía progresiva”. Esteban Paulón, también de Provincias Unidas, enfocó su iniciativa en garantizar que los adolescentes habiten el mundo digital “en condiciones adecuadas a su desarrollo”. “No estoy de acuerdo con la prohibición. A lo que tenemos que apuntar es a que los pibes puedan usar mejor las redes, a que se involucren los padres y las escuelas”, dijo a LA NACION.

Todas las iniciativas coinciden en exigir mejores mecanismos de verificación de edad en el registro. La autodeclaración no será una opción viable; deberán sumarse métodos fehacientes como biometría o el Sistema de Identidad Digital (SID) del Renaper. En algunos casos, se prevén controles periódicos de reverificación.

Los proyectos centran la responsabilidad en los proveedores de servicios digitales, que alcanzaría a plataformas como X, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram o Discord. De aprobarse, deberán presentar semestralmente un informe público sobre el estado de implementación de las medidas, plan de mejoras y estadísticas. El incumplimiento podría acarrear sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta la cancelación en todo el territorio nacional.

Todas las propuestas apuntan a la privacidad de los perfiles: buscan que la protección no dependa de un ajuste manual, sino que sea la configuración inicial obligatoria. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, define el “diseño seguro por defecto” como uno de los principios rectores. Al crear la cuenta, la plataforma debería aplicar el máximo nivel de privacidad: perfil privado, geolocalización desactivada, mensajes solo de contactos aprobados y publicaciones no amplificadas por el algoritmo hacia desconocidos. Es lo opuesto a la lógica actual, donde el perfil por defecto es público y luego se restringe mediante ajustes.

También avanzan sobre los algoritmos adictivos. La iniciativa de Juliano prohíbe el perfilamiento conductual para menores de 13 años y las técnicas de diseño adictivo que maximizan la permanencia en pantalla. La de Unión por la Patria propone prohibir algoritmos que empleen datos personales para la “captación compulsiva de la atención”. El proyecto de Provincias Unidas exige evaluaciones de impacto antes de lanzar nuevas funciones digitales que puedan generar un “uso compulsivo”. “Estás permitiendo un mercado donde la atención de los chicos es la mercadería. Hay que erradicarlo”, señaló Juliano.

Al igual que con la regulación del cigarrillo, los proveedores deberán informar de manera “clara, accesible y previa” a los usuarios menores y a sus progenitores sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales, las configuraciones de privacidad y los mecanismos de denuncia. También tendrán que implementar mecanismos para detectar y prevenir usos problemáticos, como alertas al usuario. Juliano propone un “diseño seguro obligatorio” con límites automáticos de uso continuo e interrupciones activas no eludibles. Paulón, desde un enfoque de salud pública, sugiere que la autoridad de aplicación genere protocolos de identificación y atención de usos problemáticos.

Fuente: Lanacion.