Estados Unidos revocó la visa a un exfuncionario argentino por pesca ilegal

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general en la Cancillería argentina durante la gestión de Diana Mondino. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien informó que la medida se extiende a otras 20 personas más en el marco de una nueva política contra la pesca ilegal.

Ferrara Raisberg se desempeñó como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo Federal Pesquero hasta su remoción en 2024, tras recibir acusaciones vinculadas a la captura ilegal de merluza negra en Tierra del Fuego. El exfuncionario había ingresado a la gestión Milei en diciembre de 2023, pocos días después de la asunción presidencial.

"Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de Estados Unidos", escribió Landau en un comunicado dirigido al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. El funcionario estadounidense especificó que el Departamento de Estado restringió la emisión de visas a 24 individuos y revocó las del exfuncionario argentino y del nacional mexicano José Ali Amado por "enriquecerse a través de tales actividades".

"Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país", cerró el subsecretario de Estado. A partir de esta decisión, Ferrara Raisberg no podrá reingresar al territorio estadounidense.

El exfuncionario tuvo una permanencia breve en su cargo. En marzo de 2024 fue desplazado junto con Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, luego de ser acusados por presiones desde el Palacio San Martín para favorecer a un empresario chino en operaciones de pesca ilegal de merluza negra en Tierra del Fuego.

La merluza negra es uno de los recursos más exclusivos y limitados del Mar Argentino, con un valor comercial que puede alcanzar los US$30.000 por unidad y una cuota anual de captura fijada en apenas 3.700 toneladas. Su extracción ilegal representa un problema grave para la sustentabilidad de este recurso pesquero estratégico.