La Justicia clausuró una estancia de Lázaro Báez en Santa Cruz y la Corte Suprema se hará cargo de los animales
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó el cierre cautelar de "La Entrerriana" y una consigna policial permanente en la causa por lavado y vínculos narco.

La Justicia federal clausuró de forma cautelar la estancia "La Entrerriana", uno de los establecimientos agropecuarios de Lázaro Báez en Santa Cruz, y dispuso una consigna policial permanente en el predio. El juez de Río Gallegos Claudio Vázquez tomó la decisión en la causa que investiga al empresario por lavado de activos y asociación ilícita, con vínculos con el narcotráfico. Dentro del campo quedaron 96 bovinos y 203 ovinos.
El expediente se abrió el 25 de septiembre de 2026 en Río Gallegos, bajo la dirección del fiscal Julio Zárate y con intervención de la PROCELAC. La investigación reconstruyó el funcionamiento de una asociación ilícita con doce imputados que operaba bajo las órdenes de Báez desde el penal federal de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 15 años.
Según la resolución, el empresario —a quien sus subordinados llamaban "Tío"— impartía directivas a su pareja, Claudia Noemí Insaurralde ("Tía"), y a su operador de confianza, Cristian Ibáñez, señalado como presunto testaferro y administrador en Santa Cruz. Lo hacía a través de una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal, lo que violaba la inhabilitación legal que el Código Penal impone a los condenados para administrar sus bienes.
La estructura no creó sociedades nuevas: se dedicó a explotar comercialmente un patrimonio ya comprometido por las sentencias firmes de las causas "Ruta del dinero K" y "Vialidad". Así sustraía esos activos de la ejecución de decomisos y embargos. El núcleo de la maniobra se concentró en las estancias santacruceñas Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, que integraban el entramado de Austral Agro S.A. y Kank y Costilla S.A.
Las escuchas telefónicas fueron prueba central. Allí se registró cómo Báez designaba encargados, movía personal entre campos, comercializaba propiedades y cobraba alquileres por fuera de todo control judicial. La fiscalía estimó un flujo financiero ilícito de casi 391 millones de pesos.
Durante el operativo en "La Entrerriana", los investigadores contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos, además de vehículos y motovehículos fajados dentro del establecimiento. La inspección detectó animales con marcas de otros campos y ejemplares sin identificación reconocible. Ante la falta de agua y de personal de cuidado, la fiscalía dispuso liberar al campo la hacienda que permanecía encerrada en los corrales.
El juez cerró el predio tras dos presentaciones del Ministerio Público. Zárate advirtió que los bienes secuestrados y los animales vivos no podían trasladarse a un depósito judicial ordinario, por lo que resultaba indispensable resguardar el campo bajo el artículo 154 del Código Procesal Penal Federal. La clausura rige sin plazo predeterminado y hasta nueva orden judicial.
La medida, sin embargo, no puede traducirse en la desatención de los seres vivos. El fallo permite el ingreso controlado de cuidadores, veterinarios, autoridades sanitarias y personal idóneo bajo supervisión de la fuerza interviniente. También delega en el Ministerio Público Fiscal la responsabilidad de garantizar agua, alimentación, controles sanitarios y atención veterinaria, con foco en animales gestantes, en parición o lactancia.
En paralelo, el expediente relevó la estancia "Alquinta", a 85 kilómetros al suroeste de Río Gallegos, donde la fiscalía sospecha que funcionó el apoyo logístico y un "búnker" de una banda narco vinculada a la red. Allí se contabilizaron de forma parcial 1.308 ovinos y 6 bovinos con marcas ilegibles o alteradas, junto con vehículos, maquinarias, insumos, armas y un dispositivo DVR. Las tareas debieron suspenderse por el período de parición.
Los informes financieros que auditó Zárate sobre las cuentas de Ibáñez y de Jorge Manuel Ulloa, otro integrante de la red, registraron 677 operaciones entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, de las cuales 662 fueron acreditadas, por un monto de $380.620.089.
El magistrado aclaró que la clausura no altera las disposiciones previas del Tribunal Oral Federal 4, que ejecuta la pena de la Ruta del Dinero K sobre Austral Agro S.A., cuya intervención estatal con participación de la UIF y la AABE había sido impulsada por los fiscales de la causa Vialidad. Además, ordenó comunicar el inventario de animales y bienes a la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de la Acordada 22/2025, y poner en conocimiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia las dificultades operativas por la época de parición.
Por qué importa
La causa muestra que Báez habría seguido manejando su patrimonio desde la cárcel, pese a los embargos y decomisos de la Ruta del Dinero K y Vialidad. El cierre del campo busca frenar la explotación de bienes que debían estar bajo control judicial.
Qué sigue
Queda por definir cómo se ejecutará el cuidado del ganado en "La Entrerriana" y "Alquinta" bajo supervisión fiscal, y si la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia interviene por las dificultades operativas de la parición. La causa sigue con doce imputados.
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