Fentanilo: la ex directora de la ANMAT pidió ampliar su declaración y el juez postergó su decisión

El juez federal Ernesto Kreplak decidió posponer la resolución que estaba prevista para este viernes sobre el futuro de las ex funcionarias de la ANMAT procesadas en la causa por fentanilo contaminado, que investiga la muerte de al menos 90 personas y el daño a otras 44. La medida se tomó luego de que Nélida Agustina Bisio, directora del organismo hasta enero de este año, presentara un escrito en el que solicitó ampliar su declaración.

El magistrado, a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, citó a Bisio para el próximo lunes y postergó su decisión sobre ella y sobre Gabriela Mantecón Fumadó, segunda en el organismo. La presentación de Bisio se suma a los argumentos que ya había esgrimido en instancias previas, vinculados a las limitaciones de su injerencia en ciertos procedimientos específicos de la ANMAT.

La causa tiene como principales imputados a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, que comercializaron y produjeron el opiáceo en mal estado, respectivamente, y a otras 13 personas ligadas a esas compañías, entre ellas su hermano Diego. En cuanto a la línea que investiga una posible negligencia en el control por parte de la ANMAT, la ampliación de la declaración de Bisio generó que el juez decidiera citarla y postergar su resolución.

Mientras la mayoría de los imputados de HLB y Ramallo esperan que el tribunal superior resuelva sus apelaciones, la situación de Bisio y Mantecón Fumadó parece más incierta. Ambas habían sido detenidas el 4 de agosto a pedido de la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata, a cargo de Laura Roteta, y de Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), pero fueron liberadas después de pagar una caución de $150 millones.

Antes de quedar en libertad, Bisio se rehusó a contestar preguntas del juzgado, una estrategia distinta a la de Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) hasta agosto de 2025, quien respondió durante entre cuatro y cinco horas. Bisio, en cambio, se defendió mediante un escrito en el que sostuvo que su injerencia en ciertos procedimientos específicos de la ANMAT tenía limitaciones, una forma de decir que ciertos detalles de la mecánica diaria la excedían. El nuevo pedido de ampliación seguiría esa línea, informaron fuentes judiciales.

Bisio conoce esos procedimientos en profundidad: fue designada directora de la ANMAT en diciembre de 2023, apenas asumió Javier Milei, pero llevaba 30 años de carrera dentro del organismo que fiscaliza los medicamentos en la Argentina.

Fentanilo: cuál fue la acusación contra la ANMAT

Este capítulo de la causa por fentanilo contaminado comenzó el 3 de agosto, cuando se conoció un dictamen de casi 200 páginas firmado por el Ministerio Público Fiscal, en el que Roteta y Rodríguez le pidieron al juez Kreplak detener a Bisio y Mantecón Fumadó. Los argumentos sostienen que, de haber actuado de manera diferente, por ejemplo, de no haber desoído las advertencias de su propio personal técnico, las muertes y el daño a los sobrevivientes se hubieran evitado.

El escrito de los fiscales recuerda una fecha simbólica: entre fines de 2025 e inicios de 2025, una inspección del propio INAME a la planta de Laboratorios Ramallo determinó que el lugar trabajaba con deficiencias “críticas y mayores” en cuanto al protocolo de buenas prácticas de fabricación.

Fentanilo contaminado: qué debe decidir el juez

Es al menos la segunda vez que Bisio pide ampliar su declaración. La primera fue significativa: en un escrito de septiembre de 2025, admitió que en enero de ese año había mantenido una reunión con los laboratorios bajo sospecha, algo que había negado inicialmente. Entonces intentó despegarse de Mantecón Fumadó, de quien dijo que la había arrastrado a participar de esa reunión, porque la directora del INAME no quería quedarse sola con García Furfaro y compañía, a quienes consideraba “personas complicadas”.

Se espera que en los próximos días el magistrado defina entre tres opciones: procesar a las funcionarias, sobreseerlas o dictar falta de mérito. El procesamiento implicaría que hay elementos para sostener un futuro juicio; el sobreseimiento, que los hechos no están ligados a ellas o no existieron; y la falta de mérito, una posición intermedia que deja abierta la posibilidad de que aparezcan nuevas pruebas.