El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte Internacional de La Haya por el ataque a la AMIA

El Gobierno nacional analiza presentar una denuncia contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por el atentado contra la sede de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas fatales. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, después de reunirse con las autoridades de la mutual judía.

El funcionario explicó que el objetivo es obtener una condena en el ámbito internacional contra el régimen iraní, al que la justicia argentina señala como responsable del ataque. La gestión se desarrollaría en paralelo al juicio en ausencia que ya tramita en el fuero federal.

“Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”, escribió Mahiques en su cuenta de la red social X. Y agregó: “Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”.

La investigación local avanzó en septiembre con el procesamiento de siete iraníes y un libanés por el ataque, dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas a partir del trabajo del fiscal Sebastián Basso. En la misma resolución, el magistrado dictó la falta de mérito para otros dos acusados, aunque mantuvo las órdenes de captura internacionales.

Entre los procesados figuran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual vicepresidente de Irán, y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds. Como cómplices necesarios quedaron imputados Hadi Soleimanpour, exembajador en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada, y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático y agente de inteligencia.

También fue procesado como coorganizador y agente operativo Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, señalado como miembro de Hezbollah por haber coordinado la fase final del ataque. Resta sumar al grupo a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Teherán. Hejazi es el principal acusado junto con Rezai y Vahidi.

La calificación legal del caso es homicidio calificado por odio racial y religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio. La justicia argentina sostiene que la decisión estratégica del ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y ejecutada por Hezbollah. Además, se comprobó la coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente, el 19 de julio de 1994, que dejó 20 muertos.

Por los plazos del proceso, es probable que la causa llegue a un tribunal oral en 2027 y que el juicio en ausencia comience en 2027 o en 2028, según la designación del tribunal. La Ley de Juicio en Ausencia (27.784), impulsada por el Gobierno y la comunidad judía, fue la herramienta que permitió destrabar el avance de la causa. En septiembre, cuando se concretó el procesamiento, Mahiques había afirmado que la norma marcaba “un hito en la lucha contra la impunidad”.

El presidente Javier Milei respaldó entonces el mensaje de su ministro y escribió: “La moral como política de Estado”. Ahora, la administración nacional busca que la condena contra Irán también llegue desde el ámbito internacional, mientras la justicia argentina continúa su curso. La decisión de avanzar con la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia se enmarca en una estrategia de presión diplomática y judicial que el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de la gestión.