Inocencia Fiscal II: qué cambia en la relación entre ARCA y los contribuyentes

El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II, que refuerza los derechos y garantías de los contribuyentes ya previstos en la Ley de Inocencia Fiscal I, vigente desde el 2 de enero de este año. La norma introduce cambios en la relación entre el fisco y los contribuyentes que, según especialistas, configuran un avance en la administración tributaria.

El texto pone el acento en las garantías del proceso administrativo y en la búsqueda de la verdad material. La carga de la prueba para impugnar una declaración jurada pasa a recaer exclusivamente en ARCA, en línea con el Código Civil y Comercial de la Nación.

Entre los beneficios para quienes opten por el régimen simplificado del impuesto a las ganancias aparecen el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud, que solo pueden destruirse ante impugnaciones con discrepancias significativas y no frente a cualquier ajuste menor. La norma también contempla un tapón fiscal: el organismo recaudador no podrá verificar períodos no prescriptos, siempre que el contribuyente mantenga buena conducta fiscal.

Otro punto relevante es la reducción de la prescripción impositiva de 5 a 3 años para contribuyentes inscriptos, en sintonía con legislaciones de países desarrollados. No se trata de una reducción plena, sino de un beneficio condicionado a la ausencia de impugnaciones relevantes.

El legislador previó además que, si una determinación de oficio es revocada al ser recurrida, la situación se retrotraiga al inicio y el fisco deba devolver el impuesto ingresado con intereses dentro de los 45 días.

En materia de transparencia, la ley distingue la situación de los funcionarios públicos que hayan ejercido cargos en los 5 años anteriores a la opción del régimen simplificado. Podrán adherir, pero no gozarán de beneficios como la presunción de exactitud ni la limitación de presunciones.

El texto también habilita a los contribuyentes del régimen simplificado a canalizar operaciones con fondos no declarados mediante medios autorizados legalmente, en el origen o en el destino, con excepción de los pagos en efectivo en escrituras públicas por operaciones inmobiliarias. Este mecanismo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

La norma aclara que el mecanismo de prevención de lavado de activos sigue vigente. La constancia de adhesión al régimen simplificado será considerada un antecedente favorable por los sujetos obligados, pero no exime de las obligaciones existentes. El sistema se aplicará a operaciones lícitas.

Para los especialistas, la ley implica un verdadero cambio de paradigma fiscal: la protección de la Hacienda Pública debe armonizarse con la dignidad humana, la libertad, los derechos y garantías de los contribuyentes y el debido proceso.