Karen Bass firma ordenanza que limita operativos del ICE en Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una ordenanza que restringe el uso de propiedades municipales para operativos federales de control migratorio, como los que lleva adelante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La norma convierte en ley local componentes de la Directiva Ejecutiva 17, que la propia Bass había emitido en febrero, y fija obligaciones para distintas áreas de la ciudad y para empresas vinculadas con contratos públicos.

La ordenanza exige colocar carteles en terrenos y áreas abiertas de propiedad municipal para indicar que no pueden usarse como lugares de preparación, procesamiento o bases de operaciones de acciones federales de control migratorio. Según informó Telemundo 52, ya se instalaron rótulos en aproximadamente 500 propiedades y espacios municipales de Los Ángeles.

También obliga a reforzar la seguridad física de las instalaciones municipales para limitar el ingreso no autorizado de agentes federales a sectores no públicos. Además, establece nuevas obligaciones para contratistas y empresas que presenten ofertas para trabajar con la ciudad: deberán informar si mantienen acuerdos de intercambio de datos con el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis).

Bass sostuvo que las acciones federales de inmigración continúan y defendió la necesidad de mantener las medidas locales. "Puede que las redadas de inmigración ya no aparezcan en los titulares, pero no han cesado. No podemos bajar la guardia", afirmó. La alcaldesa explicó además cómo actúa el personal municipal cuando agentes federales llegan a uno de estos espacios: "Si el personal de la ciudad está ahí y le dice a ICE que no son bienvenidos, tienen que retroceder. Han obedecido. Los rótulos les dan esa confianza extra a los empleados".

Consultada sobre una eventual impugnación del gobierno federal, Bass afirmó que la ciudad responderá por la vía judicial en caso de un desafío legal. La mandataria demócrata emitió la Directiva Ejecutiva 17 en febrero para reforzar la respuesta de Los Ángeles ante las acciones federales de control migratorio.

Meses después, el presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, presentó una moción para incorporar al código local componentes de esa directiva. La iniciativa fue respaldada por los concejales Hugo Soto-Martínez, Eunisses Hernandez, Ysabel Jurado, Curren Price y Bob Blumenfield. La propuesta avanzó sin votos en contra y el Concejo aprobó el proyecto de ordenanza que llegó a la firma de Bass.

Harris-Dawson sostuvo que el objetivo era dar mayor permanencia a las medidas. Soto-Martínez destacó el alcance sobre los recursos públicos: "La promulgación de la Directiva Ejecutiva 17 deja claro que los recursos de la ciudad no se utilizarán para ayudar a las fuerzas federales de inmigración".

Jurado puso el foco en las instalaciones y los contratos municipales. La concejala sostuvo que los bienes de la ciudad no deben utilizarse para facilitar redadas migratorias y que las empresas interesadas en contratos públicos tendrán que transparentar si comparten datos con agencias federales de inmigración.

La principal diferencia está en el alcance jurídico de la decisión. Una directiva ejecutiva puede ser modificada o revocada por una administración posterior, mientras que las disposiciones incorporadas al código municipal pasan a formar parte de la normativa de la ciudad y no dependen únicamente de una decisión de la alcaldía.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Andrés Chait, participó del anuncio y detalló las acciones que mantiene el distrito para asistir a estudiantes y familias, entre ellas la provisión de servicios legales.