Keiko Fujimori asume con un país fracturado y tres grandes desafíos por delante

La ajustada victoria de Keiko Fujimori en el balotaje presidencial de Perú no cierra la crisis política, sino que abre una nueva fase marcada por una legitimidad frágil, polarización persistente y un escenario de gobernabilidad incierto. Con el 50,135% de los votos y una diferencia de menos de 50.000 sufragios sobre Roberto Sánchez, la líder de Fuerza Popular llega al poder tras un proceso electoral prolongado y disputado, en el que las denuncias de fraude y la desconfianza social atravesaron toda la campaña.

El resultado refleja un país partido en mitades casi exactas. No se trata solo de una división electoral, sino de una fractura más profunda que combina clivajes territoriales, sociales y políticos. La oposición entre Lima y la costa, y la zona andina, entre sectores integrados a la economía formal y regiones postergadas, vuelve a emerger como clave para entender el escenario que enfrenta la nueva presidenta. “No es una grieta coyuntural, es una fractura estructural que el sistema político no ha sabido procesar”, apunta la politóloga del Instituto de Estudios Peruanos, Omayra Peña Jiménez.

“La polarización sigue vigente y no hay un intento real de construir consensos”, advierte Peña Jiménez. A su juicio, el problema radica en que los actores políticos han privilegiado la concentración del poder en lugar de tender puentes. “Hay incentivos para confrontar, no para cooperar”, agrega. El próximo gobierno deberá reconstruir legitimidad desde una base debilitada. Según encuestas recientes, una porción significativa del electorado consideraba posible un fraude, un dato que ilustra el nivel de desconfianza. “Ese clima erosiona cualquier mandato desde el inicio”, subraya.

Luis Benavente, director ejecutivo de la consultora Vox Populi, coincide en el diagnóstico: “Hay dos Perú muy distintos y muy divorciados”. Por un lado, un país emergente vinculado a economías globales; por otro, un “Perú más excluido, resentido y golpeado por la corrupción”. “La política no ha logrado integrar esas dos realidades y eso se expresa en cada elección”, afirma. La tarea del nuevo gobierno será avanzar en mecanismos concretos de integración nacional. “Sin políticas visibles en el corto plazo, el descontento puede escalar rápidamente”, advierte.

La reconstrucción de legitimidad no dependerá solo de acuerdos políticos, sino de respuestas tangibles. Problemas estructurales como la inseguridad, la precariedad del empleo, las deficiencias en servicios básicos y la falta de control territorial siguen sin resolverse. “El país está en manos del crimen organizado y de economías ilícitas que han ganado fuerza”, advierte Benavente. “Si el gobierno no logra mostrar resultados en seguridad, su capital político se va a erosionar muy rápido”, añade.

El triunfo de Fujimori introduce un componente simbólico ineludible: el regreso del fujimorismo al poder más de dos décadas después de la caída del dictador Alberto Fujimori. Ese apellido sigue dividiendo al país entre adhesiones firmes y rechazos intensos. Le garantiza una base política sólida, pero también activa un antifujimorismo que podría traducirse en movilización social. “El fujimorismo nunca dejó de ser una identidad política fuerte, pero también es uno de los principales factores de polarización”, explica Peña Jiménez.

El objetivo de la administradora de empresas de 51 años debería ser demostrar que su gobierno representa algo distinto a la experiencia de los años 90, marcada por logros en seguridad y estabilidad económica, pero también por graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Como señala Benavente, esta nueva etapa puede ser una oportunidad para “reivindicar su espacio político”, aunque bajo condiciones mucho más exigentes. “Hoy la sociedad es más demandante y menos tolerante a los excesos de poder”, afirma.

Carlos Meléndez, sociólogo peruano e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, advierte que ese será uno de los principales focos de conflicto. “Un gobierno de Fujimori probablemente tendrá al movimiento social como principal opositor, especialmente fuera de Lima”, señala. “El sur andino ha sido históricamente un foco de resistencia y podría volver a serlo”, agrega. En un país centralista, la percepción de exclusión en las regiones podría intensificarse, alimentando protestas. “La calle va a ser un actor clave en esta etapa”, resume.

Ese escenario limita el margen de acción del gobierno incluso si logra estabilidad institucional. Alejandro Godoy, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, apunta que con el respaldo de fuerzas de derecha en el Congreso, Fujimori podría evitar una eventual vacancia presidencial, pero enfrentaría dificultades para implementar políticas ante la presión en las calles. “Puede haber estabilidad formal, pero no necesariamente gobernabilidad efectiva”, advierte. “La protesta social puede condicionar la agenda”, dice.

El rol del Congreso será decisivo. Fuerza Popular demostró en el pasado su capacidad para incidir en la dinámica parlamentaria, tejiendo alianzas y condicionando a los gobiernos. Esa fortaleza puede convertirse en un activo para la gobernabilidad o en un factor de tensión, dependiendo de cómo se maneje la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Fuente: Lanacion.