La Cámara Federal archivó la causa por el crédito de US$ 57.000 millones que pidió Macri al FMI

La Cámara Federal, con la incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa que investigaba al gobierno de Mauricio Macri por la toma de un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión fue firmada por Bertuzzi y su colega Mariano Llorens.

Los camaristas entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía, a cargo de Franco Picardi, no logró probar la existencia de delitos. “Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron en el fallo.

La Procuración del Tesoro, durante el gobierno de Javier Milei, se retiró como querellante, por lo que la causa solo puede ser apelada por la fiscalía. En primera instancia, la jueza María Eugenia Capuchetti había tomado la misma decisión, que ahora fue ratificada por la Cámara.

Los imputados, que quedaron desvinculados de toda sospecha, son Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y los actuales funcionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que en ese momento eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.

Uno de los argumentos centrales del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, pese a las objeciones por irregularidades administrativas señaladas por la fiscalía. El acuerdo original era por 50.000 millones de dólares y luego se amplió a 57.100 millones.

El fiscal Picardi había cuestionado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y posibles irregularidades en el procedimiento administrativo, como la ausencia de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la falta de participación del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del de Finanzas.

También mencionó la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez suscripto el entendimiento. Se investigó la hipótesis de administración fraudulenta, ya que un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares, cifra que para la Cámara no resultó suficiente para sostener una acusación.

Los camaristas sostuvieron que no hubo delito de abuso de autoridad, porque ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”. Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.

“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron. Hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas o sustracción de fondos. “El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, remarcaron.

El tribunal consideró que la investigación duró cinco años y que el archivo no fue prematuro. Sostuvo que “la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”.