Las lecciones del cuadernito negro: por qué la Argentina no crece sin equilibrio fiscal

La Argentina arrastra una década de empobrecimiento: su PBI creció menos que su población. Esa decadencia se explica por la falta de inversión y la baja productividad, con causas recurrentes como déficits, emisión, inflación, devaluación y cepos. El desenlace siempre fue el mismo: atajos oportunistas que evitaron soluciones de fondo.

Para recomponer la productividad se necesitan transformaciones estructurales y, sobre todo, ingreso de capitales. Pero nadie confía en el país porque quienes arriesgaron sus fortunas fueron defraudados por esa cultura del atajo. Al final, se evaporó la moneda y, sin moneda, también se evaporó el futuro.

La historia de desaciertos es extensa: “Rodrigazo” (1975), estatización de deuda privada (1982), emergencia previsional (1986), ahorro forzoso (1987), Plan Bonex (1989), “impuestazo” (2000), “corralito” y default (2001), pesificación asimétrica (2002), congelación de tarifas (2003), estatización de AFJP (2008), confiscación de YPF (2012), cepo cambiario y falseamiento de índices, emergencia de 2019, impuesto a la riqueza y destrucción final de la moneda en 2023.

Atraer la inversión implica confianza y esta requiere seguridad jurídica

El vínculo entre equipar una fábrica o construir caminos y algo tan inmaterial como la seguridad jurídica no siempre se entiende. Esa intangibilidad es el eslabón débil de la cadena, fácil de romper y difícil de recomponer. La especialidad del populismo.

La seguridad jurídica implica una promesa de futuro: que la moneda tendrá valor, los contratos se cumplirán, las deudas se pagarán, los depósitos se devolverán, los bonos se honrarán, la propiedad se respetará y que ni legisladores ni jueces la alterarán para congraciarse con afectados o grupos de interés.

Imaginemos un vigía implacable que anota en un cuadernito negro nuestros pasados dislates y agrega otros nuevos que presagien reiterarlos. Ese observador desconfiado gestiona los fondos que la Argentina necesita para subsistir. Esa sucesión de atajos, con su secuela de pobreza, ocupa las primeras páginas y fija el tono al evaluar el riesgo país.

Esas notas son cruciales, no solo para el éxito o fracaso de un gobierno, sino para que el país no colapse por ausencia de moneda, como en las hiperinflaciones de 1989 y 1990. El acento cambiará cuando se comprenda que sin seguridad jurídica no habrá moneda y que, sin moneda, no tendrán nación.

Ese pasado aún gravita en el presupuesto nacional 2027. Los mayores gastos son erogaciones cuasi asistenciales para sostener a quienes sufrieron los efectos de antiguos atajos. Esa carga condiciona al resto de las partidas, tensando la paciencia de políticos que piden dinero para reactivar, agitando señales de riesgo fiscal inminente.

Existen 50 proyectos de ley para paliar la situación de familias endeudadas. Sin duda, hay razones para preocuparse por ellas, pero, en un país sin crédito, la prioridad es reestablecerlo y no dañar la expansión de préstamos futuros alterando lo pactado. El buenismo legislativo, además, crearía incentivos perversos entre los que cumplen

De los 202 billones de pesos de gasto total previstos, el 75% se destina a gastos sociales. De ese total, el 65.5% irá para jubilaciones y pensiones. En 2011 había 2 millones de jubilados; en 2024, 6 millones, de los cuales casi 4 millones ingresaron con moratorias. El empleo registrado cayó por falta de inversiones, mientras crecieron monotributistas e informales. “Es insostenible que solo 8 millones de trabajadores deban sostener a 6 millones de pasivos”, anota el observador.

La Asignación Universal por Hijo, creada en 2009, alcanza a más de 4 millones de menores con un gasto anual de 9,1 billones de pesos. La prestación Alimentar beneficiará a 3 millones de personas con 3 billones. Subsisten subsidios a la energía por 3 billones y al transporte del AMBA por 762.000 millones.

Como todo se va en gasto corriente, solo quedan 1,3 billones de pesos (0.7%) para obras públicas en todo el país. Si la Argentina no crece, sostener esos gastos será insoportable y mucho menos crecerá si se pretenden actualizaciones automáticas ajenas a la realidad recaudatoria. Tampoco crecerá si se ponen en riesgo el equilibrio fiscal y la confianza en la moneda.

Quienes evalúan arriesgar capitales consultan el cuadernito negro y analizan si los dirigentes demuestran convicción para recomponer la seguridad jurídica. No parece ser así. Un gobernador denuncia que el “equilibrio fiscal que tanto se defiende debe acompañarse con equilibrio social” respecto del régimen de discapacidad. Pero como no habrá reactivación sin equilibrio fiscal y este requiere confianza, sus palabras suenan como profecía autocumplida. Paralelamente, las provincias no reducen gastos y retienen ingresos brutos a quienes no deben pagarlo para mantener sus estructuras clientelistas.

Existen 50 proyectos de ley para paliar la situación de familias endeudadas. Hay razones para preocuparse, pero en un país donde no hay crédito, la prioridad es reestablecerlo y no dañar la expansión de préstamos futuros con normas que alteren lo pactado. El buenismo legislativo crearía incentivos perversos entre los que cumplen, como ocurre con los blanqueos.

Distintos jueces se atribuyen la facultad de suspender normas generales concediendo amparos por perjuicios individuales, como si fuesen legisladores. En salud, el 70% de las causas del fuero Civil y Comercial Federal son amparos para obtener tratamientos o medicamentos costosos no cubiertos en un sistema desfinanciado. Más grietas en la pared de la seguridad jurídica.