Malvinas: la acuicultura emerge como una nueva disputa por el Atlántico Sur

La acuicultura se posiciona como una posible nueva disputa en torno a Malvinas, con el trasfondo de un negocio que mueve millones de dólares. El proyecto de Unity Marine busca producir hasta 50.000 toneladas anuales de salmón del Atlántico, con una valuación estimada en US$600 millones anuales, mediante una asociación entre una compañía pesquera radicada en las Islas y capitales daneses.

La actividad se suma a la pesca, que representa el 58,3% nominal de los ingresos de las Islas, y al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago, cuya primera fase prevé 11 pozos submarinos y una producción cercana a 50.000 barriles diarios estimados en US$1.000 millones para 2028.

El valor estratégico del mar se reconfigura. Durante gran parte del siglo XX, los océanos se pensaron en términos de rutas, comercio, logística, defensa y territorio. Esa arquitectura mantiene vigencia, pero hoy se agrega otra disputa: transformar esos entornos en capacidad instalada, con investigación, producción, tecnología, infraestructura y nuevas industrias. Un recurso explotado deja de ser solamente un recurso y pasa a organizar un capital alrededor de un territorio y su comunidad.

Esa transformación forma parte de la denominada economía azul, un concepto desarrollado por el economista belga Gunter Pauli y luego incorporado a las agendas de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE y el Banco Mundial. Según la ONU, solo la economía oceánica se calcula en US$6 billones de valor agregado real, cerca del 5% del PIB global. Si fuera un país independiente, sería la quinta economía más grande del mundo.

La pesca y la acuicultura alcanzaron US$472.000 millones de valor en primera venta, según la FAO. Malvinas permite analizar esa lógica: la pesca es la columna vertebral de su economía, a la que se suman el proyecto petrolero Sea Lion y la iniciativa acuícola de Unity Marine.

La pesca marcó un primer antecedente y una respuesta argentina que va más allá de la diplomacia. Frente a la explotación de recursos pesqueros en Malvinas, el Estado construyó un marco jurídico que no se limita a desconocer las licencias otorgadas bajo administración británica: también establece consecuencias dentro del propio sistema pesquero nacional para determinadas relaciones económicas con operadores que actúan sin autorización nacional.

En 2008, la ley 26.386 modificó el Régimen Federal de Pesca. Quienes acceden a cuotas o autorizaciones argentinas deben carecer de determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin permiso nacional. Comprobada la incompatibilidad, caducan automáticamente permisos, cuotas o autorizaciones.

Existe además un marco internacional. La resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas llama a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso relativo a la disputa de soberanía. La Argentina sostiene históricamente que la concesión y explotación unilateral de recursos naturales en el área en controversia resulta incompatible con ese principio.

Con los hidrocarburos se construyó después un segundo criterio comparable, mediante instrumentos orientados a empresas que operen sin autorización nacional. Pesca y petróleo quedaron así incorporados a una misma lectura estratégica: la explotación de recursos naturales también forma parte sustantiva de la política de soberanía nacional.

La acuicultura podría ser la tercera disputa y plantear un nuevo escenario. Esta actividad no captura biomasa existente ni la extrae de yacimientos naturales: se produce con lógica agroindustrial y requiere planificación controlada basada en estudios del ambiente, sanidad, tecnología y genética, incluyendo embarcaciones, procesamiento, frío, alimento balanceado, logística e industrias conexas. Buena parte de esa cadena debe organizarse alrededor del lugar de producción para justificar su ecuación de rentabilidad.

Una flota podría capturar, procesar y retirarse. La acuicultura necesita permanecer. Esa permanencia construye infraestructura, conocimiento, especialización, empleo y comunidad productiva de largo plazo. Chile permite dimensionarlo: el último año generó más de US$7.800 millones producto de la acuicultura.

Por eso sería un error separar soberanía y desarrollo como si transitaran por carriles independientes. La reivindicación argentina sobre Malvinas tiene fundamentos históricos y jurídicos propios y no necesita de una actividad económica para sostenerlos. Pero investigar, administrar, transformar y legislar actividades y recursos también construye capacidad y habilidad estratégica sobre un territorio.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ofrece un antecedente ineludible. En 2020 regía la ley nacional de acuicultura 27.231/2015 y la provincia atravesaba un debate controversial. Con presión de organizaciones conservacionistas, se sancionó en 2021 la ley 1355, que limitaba el cultivo de salmónidos en toda la jurisdicción. En paralelo, en Malvinas se promovía el desarrollo integral acuícola mediante consultas públicas. Cuatro años después, la ley provincial 1601 estableció un nuevo marco jurídico colaborando con el Consejo Federal de Inversiones para fomentar el desarrollo sustentable de la acuicultura continental y marítima.