Malvinas: un tratado de 1790 expone la contradicción histórica del Reino Unido

La diplomacia británica suele adaptar la historia a su conveniencia. Un ejemplo reciente es el artículo del embajador del Reino Unido en Israel en The Jerusalem Post, en respuesta a una columna del canciller argentino Pablo Quirno. El diplomático omitió que en 1790 Londres reconoció que las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur pertenecían a España.

Ese reconocimiento se plasmó en la Primera Convención de Nootka Sound, también conocida como Tratado de San Lorenzo. En ese acuerdo bilateral con España, el Reino Unido renunció a establecer colonias permanentes en el extremo sur del continente americano.

El conflicto que originó el pacto estalló en la costa de la actual Canadá, pero Londres y Madrid aprovecharon para ordenar el mapa colonial en el Nuevo Mundo. El texto final no se limitó al hemisferio norte: estableció un marco regulatorio que abarcó explícitamente a toda Sudamérica. España introdujo una cláusula estratégica que se convertiría en un blindaje legal sobre el Atlántico Sur.

El núcleo de ese blindaje reside en el artículo VI del tratado, que prohíbe a los súbditos británicos levantar asentamientos en “las costas orientales y occidentales de la América Meridional y de las islas adyacentes”.

La corona británica aceptó que sus barcos solo podían navegar, pescar y establecer refugios temporales para la caza de ballenas o reparaciones. Londres consintió formalmente que no edificaría ninguna base ni colonia al sur de los territorios bajo control efectivo de España.

Para 1790, la presencia española en la región era un hecho fáctico. Desde que Francia transfirió el asentamiento de Puerto Luis en 1767, rebautizado como Puerto Soledad, Madrid mantuvo gobernadores civiles y militares designados de forma ininterrumpida. Al momento de firmarse la Convención, las Malvinas tenían guarnición militar, capilla, puerto operativo y población estable que dependía de Buenos Aires.

Bajo la lógica geopolítica de la época, las Malvinas cumplían con la definición de “islas adyacentes” a la costa patagónica ocupada por España. Al estar geográficamente ligadas al litoral austral, quedaron protegidas por el veto impuesto a Gran Bretaña.

De este modo, el Reino Unido reconoció la exclusividad territorial española en el Atlántico Sur y a España como única potencia soberana legítima en esa porción del planeta.

El embajador británico en Israel desestimó este antecedente, como también el principio del Uti Possidetis Iure, que establecía que los nuevos estados americanos heredaban automáticamente los territorios y títulos jurídicos de España al independizarse. Londres aceptó ese principio en 1904 en la disputa fronteriza con Brasil por la Guyana Británica, y luego lo usó para proteger sus intereses en la descolonización de Asia y África.

En conclusión, la Convención de 1790 demuestra que la ocupación británica de 1833 fue una flagrante violación de sus propios compromisos internacionales. El Tratado de San Lorenzo expone la contradicción histórica de Londres, que había reconocido ante el mundo que las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur le estaban legalmente vedadas.