Niños migrantes enfrentan juicios de deportación en Texas sin abogado

Niños inmigrantes de distintas edades afrontan procesos de deportación ante tribunales de Texas, en algunos casos sin un abogado a su lado. La situación alcanza a menores extranjeros no acompañados bajo custodia federal y a chicos de apenas tres años, según informó CNN.

Ángel, un hondureño de 13 años, compareció sin representación legal ante un juez de inmigración en Harlingen. Ante la consulta sobre un eventual retorno a Honduras, respondió: “Mi mamá y casi toda mi familia están aquí. Es demasiado peligroso regresar”.

El juez le indicó que sus respuestas no cumplían los requisitos para recibir asilo y le planteó dos opciones: solicitar una salida voluntaria o recibir una orden de expulsión. “No sé”, contestó Ángel. Después rompió en llanto y expresó: “No tengo a nadie. No tengo nada”. El magistrado le dio plazo hasta finales de mes para apelar la orden de deportación.

La escena forma parte de un escenario más amplio de representación legal de menores. En julio venció un contrato federal de US$200 millones anuales con el Centro Acacia para la Justicia. Esa red subcontrataba a 100 proveedores y ofrecía asesoría a más de 20.000 niños no acompañados. Las prestaciones incluían información sobre derechos, evaluaciones jurídicas y representación.

En la audiencia de Harlingen, algunos niños tenían solo tres años. Mateo acudió a su primera comparecencia con un trabajador social. Su abogado participó de forma remota. El menor habló y jugó con el micrófono durante la intervención del juez.

En otro momento, el magistrado consultó a 15 menores sin abogados si era la primera vez que asistían a un tribunal de inmigración. Todos respondieron que sí. Un defensor que trabaja con niños no acompañados explicó que los menores de cuatro años pueden comprender su nombre o la presencia de un juez, pero no necesariamente el alcance del procedimiento. También afirmó que nunca había presenciado tantas deportaciones de niños completamente solos.

A principios de agosto, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) otorgó hasta US$20 millones al Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes para prestar servicios legales hasta el 31 de diciembre. Abogados y defensores afirmaron luego, en declaraciones judiciales, que profesionales de esa organización no estaban presentes o no intervenían en algunas comparecencias.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) defendió el nuevo contrato. Su portavoz, Emily Hilliard, afirmó que la ORR mantenía su compromiso de garantizar representación legal a los menores extranjeros no acompañados ante los tribunales migratorios.

La falta de fondos también afectó a organizaciones de Texas. Estrella del Paso cerró su programa tras el vencimiento del contrato con Acacia y despidió a 13 de los 18 integrantes del equipo, mientras que ProBar, que presta servicios en 17 centros del sur del estado, mantuvo a sus clientes anteriores, pero perdió parte del acceso a otros menores.

Uno de los casos citados por ProBar involucró a un niño de siete años. En agosto, el menor acudió a una audiencia migratoria sin abogado y recibió una orden para abandonar voluntariamente Estados Unidos en 30 días.

Abogados y defensores entrevistados por CNN señalaron que los plazos se acortaron durante los últimos meses. Daniel Gestal, subdirector del programa infantil del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, sostuvo que el cambio aumentó durante los dos meses previos y se intensificó en las semanas más recientes.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, responsable del sistema de tribunales migratorios, rechazó la acusación sobre una aceleración de los expedientes. Un portavoz sostuvo que la agencia “prioriza la conclusión oportuna de todos los casos y realiza ajustes de calendario según sea necesario para garantizar que los casos no queden estancados”.

El proceso también alcanza las entrevistas de asilo. Un memorando de septiembre de la ORR indicó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) solicitaría encuentros virtuales con menores bajo custodia con pedidos pendientes. El organismo explicó a CNN que coordina con el HHS para fijar entrevistas presenciales o por videoconferencia y elige la opción más rápida.