Nueva ola de redadas del ICE: los trabajadores migrantes en la mira
El gobierno de Trump prepara una estrategia para intensificar los operativos en lugares de trabajo, con auditorías e investigaciones penales.

La administración de Donald Trump avanza hacia una nueva etapa en su política migratoria con un plan que busca reforzar la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los lugares de trabajo. La estrategia apunta a elevar el número de arrestos y deportaciones mediante investigaciones penales, auditorías y acciones coordinadas entre agencias federales.
Según trascendió, una parte central del plan consiste en ampliar las investigaciones penales ya iniciadas y utilizar sus resultados para ejecutar acciones migratorias. Las autoridades sostuvieron que las detenciones derivarían de expedientes abiertos por delitos financieros, fraude en programas públicos y otras conductas investigadas por el gobierno federal.
“Esta no es una política nueva”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca. “Desde el inicio, el gobierno ha estado llevando a cabo investigaciones penales sobre una serie de infracciones. Si las investigaciones requieren la intervención para detener a quienes infringen la ley, la administración Trump la hará cumplir”, señaló.
El procedimiento habitual comienza con una notificación del ICE para revisar la documentación migratoria de una empresa. Tras la auditoría, si se detectan inconsistencias, puede iniciarse una investigación criminal que requiere un análisis exhaustivo de contratos, registros laborales y documentación de los empleados. Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que este tipo de investigaciones demanda meses e incluso años debido al volumen de información que debe ser revisada antes de presentar cargos o ejecutar operativos.
Las fuentes consultadas señalaron que la iniciativa todavía se encuentra en desarrollo, por lo que algunos aspectos podrían modificarse antes de su implementación definitiva. No obstante, la intención es fortalecer los mecanismos de fiscalización en los lugares de trabajo donde existan sospechas de actividades ilegales. “La realidad es que no se están aplicando las normas en los lugares de trabajo y, sin ellas, las cifras no alcanzarán los niveles necesarios”, explicó un funcionario del gobierno.
El plan también contempla brindar orientación a los empleadores sobre las obligaciones legales durante los procesos de contratación. Paralelamente, las autoridades prevén desarrollar operativos en empresas donde existan indicios de actividades ilícitas vinculadas con la contratación de personal. Los funcionarios indicaron que cualquier acción de cumplimiento migratorio estaría respaldada por investigaciones, con el objetivo de intervenir únicamente cuando existan elementos suficientes dentro de un expediente penal.
“La prueba consiste en determinar si intensificarán significativamente la aplicación de la ley en materia laboral. No se trata solo de realizar redadas en los lugares de trabajo. Si bien eso debe formar parte de la medida, también incluye otros aspectos como la verificación de la documentación”, explicó Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración.
La expansión de los controles migratorios plantea un desafío para la administración: incrementar las detenciones sin provocar consecuencias en actividades económicas que dependen de mano de obra inmigrante, como la agricultura, la construcción y la industria manufacturera. En los últimos meses ya se registraron diferencias internas sobre este equilibrio. En distintos momentos, la administración emitió instrucciones para reducir los operativos en determinados sectores productivos, aunque posteriormente esas decisiones fueron modificadas.
El incremento de los controles también coincide con un aumento en las cifras generales de detenciones. Según datos oficiales, actualmente las deportaciones superan las 3200 por día, mientras el gobierno busca sostener ese ritmo mediante nuevas estrategias operativas. “Estamos viendo un aumento en el número de arrestos. Estamos viendo que el número de deportaciones sigue aumentando. Estamos intensificando nuestros esfuerzos cada día porque estamos tratando de restablecer el orden público, independientemente de si vives en un estado republicano o en un estado demócrata”, detalló el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Especialistas en derecho migratorio recomiendan que los trabajadores conozcan sus derechos ante la presencia de agentes federales. El estudio de abogados Fisher Phillips elaboró una guía con medidas clave para enfrentar una inspección del ICE en el lugar de trabajo.
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