Paro de subtes: la Ciudad evalúa sanciones tras la liberación de los delegados

El servicio de subtes y del Premetro volvió a funcionar tras una interrupción de más de seis horas que dejó sin transporte a cientos de miles de usuarios. La medida fue dispuesta por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) luego de la detención de tres dirigentes gremiales en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B.

Los detenidos son Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia. La aprehensión se produjo después de que se abrieran las puertas de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros, en el marco de una protesta sindical. El gremio condicionó la vuelta del servicio a la liberación de los dirigentes.

Entre 300.000 y 400.000 pasajeros quedaron afectados por la interrupción, sobre un total de cerca de 800.000 personas que usan el subte en una jornada hábil habitual. Para muchos usuarios no hubo alternativa razonable para llegar al trabajo, a clases o a turnos médicos. La situación se repite en el marco del paro total de subtes en Buenos Aires, que ya había dejado las seis líneas sin servicio.

El conflicto escaló porque el Gobierno porteño había declarado a los servicios públicos esenciales como actividad de suma importancia y fijó la obligación de mantener una prestación mínima del 50% durante las huelgas. La Ciudad intimó al gremio a cumplir con esa cobertura, pero los metrodelegados rechazaron la disposición y amenazaron con cortar el servicio de manera indefinida si no se atendían sus reclamos.

La tensión sumó un nuevo capítulo: los dirigentes gremiales anunciaron que denunciarán al gobierno local ante la Justicia por hacer cumplir las normas que, según la Ciudad, ellos mismos quiebran. Para el Ejecutivo porteño, la medida de fuerza se adoptó en abierta contradicción con las disposiciones vigentes destinadas a evitar que se coarte la libertad constitucional de circular.

También hubo episodios de violencia durante los enfrentamientos en la estación Juan Manuel de Rosas. La Policía de la Ciudad actuó en cumplimiento de una orden judicial dictada conforme a las normas vigentes. Las diferencias con esa decisión, según la postura oficial, deben canalizarse por los recursos legales correspondientes y no mediante la confrontación física.

El conflicto expone una discusión de fondo sobre los límites del derecho de huelga cuando se trata de servicios esenciales. La regulación pierde eficacia si las organizaciones sindicales ignoran las obligaciones que limitan las medidas de fuerza sin afrontar ninguna responsabilidad. En ese esquema, el transporte deja de ser una prestación indispensable y se convierte en moneda de cambio.

La evaluación de eventuales sanciones por parte de las autoridades porteñas quedó abierta. Para que el Estado de Derecho sea algo más que una declaración retórica, las disposiciones deben aplicarse y sus incumplimientos deben tener consecuencias. La discusión sobre cómo garantizar la prestación mínima en el subte seguirá en el centro del debate entre el gremio y la Ciudad.