San Nicolás: absuelven a siete acusados por el bloqueo a una pyme y el fallo desata críticas

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás absolvió al dirigente del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis imputados por el bloqueo a la pyme Distribuidora Rey de San Pedro, ocurrido en febrero de 2021. La decisión, fundada por el juez Alejandro López en el ejercicio legítimo del derecho de huelga, generó un fuerte cuestionamiento del sector empresarial.

La fiscalía había pedido diez años de prisión para los acusados por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión. El tribunal, en cambio, sostuvo que los hechos se enmarcaron en una protesta laboral y no en conductas tipificadas por el Código Penal.

El fallo despertó la reacción del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) impulsó un pedido de enjuiciamiento contra el magistrado. Para las entidades, la resolución avala la extorsión y deja a las empresas en una situación de indefensión.

La discusión de fondo excede el caso puntual. El derecho constitucional de huelga no habilita el uso de la fuerza ni el chantaje como herramienta de negociación, y cuando se obstruye el ingreso a una planta o se coacciona a los dueños de un establecimiento se vulneran derechos como el libre ejercicio del comercio, la libertad de trabajo y la propiedad privada.

El bloqueo a la distribuidora de San Pedro se inscribe en una metodología que la fiscalía describió durante el juicio: el ahogamiento operativo de la actividad y la imposición de exigencias al margen de la ley. Ese modus operandi, según la acusación, excede la protesta y configura un apriete delictivo.

La absolución también reabre el debate sobre la seguridad jurídica en la Argentina y el margen de acción de las patotas gremiales. Para el arco empresarial, convalidar desde el Poder Judicial estos comportamientos destruye la confianza institucional y condena a las compañías a la indefensión.

El caso se suma a otras discusiones sobre los límites del derecho de huelga y la respuesta judicial frente a los bloqueos. En ese marco, la revisión del fallo por parte de las instancias superiores y la evaluación de la actuación del juez López aparecen como los próximos pasos para quienes cuestionan la resolución.

La lectura del sector empresarial es que ningún país puede aspirar al desarrollo sostenible cuando la Justicia se rinde ante las mafias enquistadas en corporaciones sindicales. Cuando la extorsión queda impune, sostienen, la República corre el peligro de agonizar.