Paro universitario con adhesión dispar y debate por auditorías

Un nuevo paro universitario, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, se extenderá hasta el 22 de este mes con adhesión acotada y dispar: el mayor gremio docente, Aduba, no se sumó a la medida. La protesta responde al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y reclama la actualización de partidas para hospitales, becas y salarios docentes.

La medida se apoya en el fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso extraordinario del Gobierno. Los docentes celebran el avance, aunque desde el Ejecutivo aún ven margen para la discusión y califican las medidas de ilegítimas y politizadas. La ejecución de la cautelar volvió al juzgado de primera instancia, a cargo de Martín Cormick, quien convocó a una audiencia para mañana.

El calendario de protestas comenzó el miércoles de la semana pasada y prevé extenderse hasta fin de mes. Desde el Ministerio de Capital Humano aseguran que el Gobierno cumple con sus obligaciones y que la norma compromete el equilibrio fiscal por falta de previsión de recursos.

El presidente Javier Milei sostiene que la gratuidad actual hace que los sectores más vulnerables financien los estudios de los hijos de los de mayores ingresos. En ese marco, el control y la transparencia en el manejo de los recursos públicos son claves. Mientras el Gobierno insiste en auditar los gastos, las universidades siguen sin rendir cuentas.

La Ley de Educación Superior establece que la Auditoría General de la Nación debe controlar las universidades, aunque no fija periodicidad. Sin embargo, ese organismo dependiente del Congreso no cumple con su tarea. Según Chequeado.com, para 2025 solo se auditaron tres facultades de la UBA y el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no fueron rendidos.

En 2022, la Procuración del Tesoro de la Nación, entonces a cargo de Carlos Zannini, dictaminó que no correspondía aplicar los controles de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a las universidades por respeto a su autonomía. A pesar de un cambio de criterio posterior, en 2024 la UBA reafirmó que la Sigen no tiene competencias para controlarla.

Así, los auditores internos son designados por el rectorado o el consejo superior de cada casa de estudios, lo que blinda a la administración de turno. Plantear transparencia real con solo mecanismos internos es naíf. Un buen rector debería abrir la puerta a una auditoría independiente para desactivar sospechas sobre el uso espurio de fondos como cajas de la política. Afirmar que una auditoría externa limitaría la autonomía es disparatado, ya que los ciudadanos controlados por el fisco no pierden independencia.

Quienes critican al oficialismo prefieren acusar a Milei de querer terminar con la universidad pública antes que reconocer que la ausencia de controles serios es un reclamo genuino. Establecer una conformación adecuada de los organismos de control, que no queden al arbitrio del gobierno de turno, sería un gesto de racionalidad.