Plan de ordenamiento en la Villa 31: alquileres informales, venta de terrenos y construcciones ilegales

En la Villa 31, también conocida como Barrio Mugica, los alquileres informales van desde $300.000 hasta el millón de pesos, y los locales comerciales superan los $1.500.000. Además, parcelas y techos se venden para construir en altura por solo US$20.000, mientras proliferan los corralones truchos que operan de noche.

Estas situaciones irregulares ocurren a solo 500 metros del corazón de Recoleta, en uno de los barrios vulnerables más polémicos de la Ciudad de Buenos Aires. La venta de terrenos tomados y de “espacios aéreos”, es decir, el techo de una vivienda para edificar encima sin habilitación, fue la gota que colmó el vaso.

Frente a este escenario, el Gobierno porteño lanzó un plan de ordenamiento urbano con el objetivo de frenar las construcciones ilegales, clausurar locales sin habilitación, neutralizar el narcomenudeo y devolver la tranquilidad a los vecinos. “Ahora que limpiaron las veredas podemos salir tranquilos a caminar con los chicos”, dijo Aida, vecina del barrio. “Los operativos en el espacio público le hicieron muy bien al barrio”, agregó Luis, que hace 20 años llegó al país.

La ley de reurbanización sancionada en 2018 fracasó, y las irregularidades se acumularon durante décadas. En la actualidad, unas 45.000 personas viven en condiciones que afectan su salud y seguridad. El desorden dificulta la circulación de ambulancias, policía y bomberos, y los principales perjudicados son los propios vecinos.

En los últimos meses se detectaron intentos de nuevas tomas de terrenos que se ofrecían a US$20.000 por parcela, confirmando la existencia de circuitos de especulación ilegal. Uno de esos predios, detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, fue liberado y se convertirá en la Base Norte para la Policía de la Ciudad.

La irregularidad también alcanzó a las viviendas asignadas con créditos hipotecarios a 30 o 40 años. Algunas fueron vendidas o alquiladas a precios exorbitantes. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, denunció: “La ley definía que las viviendas eran exclusivamente para los habitantes del barrio. En una plataforma inmobiliaria había ofertas de esos departamentos nuevos, por los que los dueños pagan $5.000 por mes de cuota”. Y agregó: “Terminan subalquilándolos por $300.000 por mes”.

El plan de ordenamiento busca que todos los habitantes de la Ciudad tengan los mismos derechos y obligaciones. “Uno de los pilares era controlar el crecimiento del barrio; el incremento de construcciones clandestinas pone en riesgo la seguridad de los vecinos”, explicaron fuentes del Gobierno. La clave está en aplicar la ley: prohíbe el crecimiento sin control y clausura las obras no autorizadas.

Desde que se implementó la política, se demolieron una docena de edificaciones clandestinas, se clausuraron 17 construcciones ilegales y se cerraron cinco corralones que surtían las obras. Además, se compactaron 40 autos abandonados y se retiraron 40 camiones de chatarra. Se colocaron carteles visibles desde la Autopista Illia y se controlan los accesos para impedir el ingreso de materiales de construcción.

“No vamos a permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. Queremos reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida”, afirmó Jorge Macri.