Pulseada política por el Puerto de Ushuaia: intervención nacional genera tensiones y reclamos

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero intensifica una pulseada política con la provincia de Tierra del Fuego, genera reclamos laborales y preocupación en el sector turístico, uno de los pilares de la economía regional. El conflicto podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.

Ángel Brisighelli, presidente de la federación de empresarios turísticos de la zona, expresó su inquietud sobre cómo la disputa entre la gestión provincial y los funcionarios nacionales afectará el funcionamiento futuro del puerto. "Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro", sostuvo en Radio Provincia.

El gobierno provincial de Gustavo Melella mantiene postura crítica respecto de la intervención, principalmente por la falta de información oficial de los interventores. La provincia ya recurrió a la Justicia para retomar el control. Iñaki Miguel Arreseygor, designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), encabeza la intervención operativa y administrativa. Hace pocas semanas incorporaron a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza) y exdirector del PAMI fueguino.

Miguel Ramírez, vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), denunció "un avasallamiento" y calificó el balance de "sumamente negativo". Aseguró que el puerto contaba con certificado de operación normal y trabajaba en forma conjunta con la Nación en reparaciones futuras. "Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico", remarcó a Demo Diario.

Ramírez advirtió sobre las consecuencias en el sector privado. "Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile", afirmó. Criticó la falta de comunicación: ni el gobernador, la vicegobernadora ni autoridades pueden ingresar al puerto, ni tampoco legisladores. "No hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención".

El funcionario provincial denunció problemas operativos concretos. Las empresas reclaman certificados de desratización que estaban al día hasta diciembre, pero desde la intervención no han sido reemitidos. "Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo", explicó Ramírez, en referencia al brote que se originó por el paso de un crucero.

La próxima temporada turística genera incertidumbre. "Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quién estará a cargo en la temporada 2026-2027", señaló Ramírez. Alertó sobre la migración de operaciones hacia Chile: "Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. El buque Ushuaia en vez de parar acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder".

El conflicto laboral agrava el panorama. Desde el 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no pueden ingresar a sus puestos de trabajo, lo que derivó en fuertes reclamos del sector. La falta de respuestas concretas ha incrementado el malestar, y surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que impactarían directamente la operatoria.

Autoridades portuarias confirmaron a Demo Diario que la provincia, con apoyo de un estudio jurídico porteño, realizó presentaciones ante la Corte Suprema cuestionando la intervención. También la Fiscalía estaría tomando intervención para defender los intereses provinciales. "Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte tiene el historial desde junio de 1992", subrayaron.

El puerto de Ushuaia funciona como punto neurálgico para el turismo antártico, el abastecimiento y la actividad económica regional. Cualquier interrupción podría afectar la llegada de cruceros y la imagen del destino a nivel internacional. Distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia instancias de diálogo que descompriman la situación.