Reforma electoral: el Gobierno busca acuerdos para sancionar la ficha limpia y transparentar el financiamiento

El Poder Ejecutivo impulsa por segunda vez una reforma electoral, con el objetivo de modificar las reglas de juego para los comicios. La iniciativa, presentada en abril, incluye la ley de ficha limpia, que busca impedir que condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública sean candidatos. Sin embargo, las negociaciones entre oficialismo y oposición no priorizan ese tema, lo que genera críticas de sectores que exigen mayor transparencia.

La sanción de la ficha limpia no debería quedar condicionada a otros puntos de la reforma, como el futuro de las PASO, que el Gobierno de Javier Milei quiere derogar. En ese sentido, especialistas advierten que los cambios electorales deberían realizarse en años no electorales para evitar que el debate se contamine con intereses partidarios. La discusión actual se centra en la suerte de las primarias, que resultan costosas para el erario público y, según algunos, se han convertido en una encuesta anticipada.

El proyecto también propone endurecer los requisitos para que los partidos políticos obtengan su personería jurídica. Las agrupaciones distritales deberían contar con afiliaciones no inferiores al 0,5% del padrón, y para ser reconocidas como partido nacional, necesitarían personería en al menos diez distritos. Además, la personería caducaría si no alcanzan el 3% del padrón en dos elecciones sucesivas, un umbral más alto que el actual. Estas medidas buscan frenar la proliferación de partidos que sobreviven como “sellos de goma” o mediante alianzas circunstanciales.

En paralelo, el Gobierno retomó contactos con el PRO y con gobernadores para sumar apoyos a sus iniciativas, entre ellas la ley de presupuesto, la de inocencia fiscal y la reforma del Banco Central. La mesa política, liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, evaluó ayer la reactivación de los acercamientos entre La Libertad Avanza y el PRO, a partir de una conversación telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri. El Congreso se perfila como el escenario principal de esas negociaciones.

La reforma electoral representa una oportunidad para fortalecer la democracia y transparentar el financiamiento de los partidos, pero su concreción exige acuerdos que hasta ahora no se vislumbran. La ciudadanía, que deplora la impunidad y la “contabilidad creativa” en el manejo de los fondos partidarios, espera que las reglas sean claras y las sanciones ejemplares. El tiempo corre y la discusión parece estancada en cuestiones secundarias, mientras los temas centrales siguen sin resolverse.