El ICE busca inteligencia artificial para analizar voces y videos en sus centros de detención
El proyecto del DHS y el ICE reuniría llamadas, mensajes y cámaras en un solo sistema, con identificación biométrica por voz y reglas de privacidad para las conversaciones con abogados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) avanza con una iniciativa para incorporar herramientas de "superinteligencia" en sus centros de detención en Estados Unidos. El proyecto busca reunir en un mismo sistema los registros de llamadas, las comunicaciones digitales y las imágenes de vigilancia para facilitar las tareas de supervisión e investigación.
La propuesta, identificada como RFI-FY27-SI Powered Communications and Video Intelligence, fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE. Está dirigida a las áreas de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) y a la Oficina del Director de Información (OCIO).
La plataforma procesará grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes, comunicaciones mediante tabletas y visitas por videollamada. Además, identificará idiomas y dialectos, convertirá conversaciones en texto y traducirá el contenido al inglés sin que los operadores tengan que configurar cada lenguaje de forma manual.
También incorporará búsquedas por palabras clave, expresiones vinculadas con posibles incidentes y términos cuyo significado pueda cambiar con el tiempo. A partir de esos registros, la herramienta podrá elaborar resúmenes para agilizar el trabajo de los investigadores.
Uno de los componentes centrales será la identificación biométrica por voz. El software podrá construir perfiles a partir de llamadas autorizadas, sin exigir que cada persona participe antes en una sesión de registro. Así, buscará determinar quién habla, incluso cuando se usen códigos PIN, cuentas o dispositivos asociados con otra persona.
El sistema también intentará detectar el uso compartido de credenciales, la participación de terceros durante una conversación, las llamadas con tres participantes y posibles intentos de suplantación de identidad. Los analistas podrán comparar muestras de audio con grabaciones almacenadas en distintas instalaciones, en un contexto de compras de centros de detención en California por parte del DHS.
Vigilancia con cámaras y alertas automáticas
La iniciativa contempla integrar las herramientas de análisis con las cámaras IP y los sistemas de administración de video que ya funcionan en los centros de detención. El objetivo es sumar capacidades sin reemplazar toda la infraestructura instalada.
La plataforma también deberá contar de forma automática a las personas presentes en determinadas áreas y comparar esos resultados con los registros oficiales de detenidos. La conexión entre audio y video permitirá relacionar incidentes, ubicaciones y personas dentro de una misma interfaz.
Ante una alerta surgida de una llamada, por ejemplo, los investigadores podrán consultar las imágenes correspondientes al lugar y al período analizado. El sistema generará cronologías, mapas de relaciones y registros que permitirán consultar la fuente original de cada coincidencia, reunidos en expedientes digitales con marcas de tiempo e historial de acceso.
La propuesta llega en un momento de fuerte escrutinio sobre las condiciones de detención: ya hay pedidos de multas de US$500 diarios por el centro de Adelanto y fallos judiciales que cuestionan los operativos y las audiencias de fianza.
Qué medidas de privacidad establece la propuesta
Los requisitos incluyen restricciones para impedir que las comunicaciones protegidas por la ley, como las mantenidas entre una persona detenida y su abogado, ingresen en los procesos de transcripción, traducción o análisis biométrico. La plataforma deberá aplicar reglas para excluir esos registros de los mecanismos de vigilancia.
En el apartado de video, los administradores podrán configurar máscaras de privacidad y zonas donde no se permita procesar imágenes. El acceso a la información estará limitado según las funciones de cada usuario, con autenticación multifactor y cifrado de datos durante la transmisión y en el almacenamiento.
La documentación también prohíbe usar la herramienta para clasificar o buscar personas por características correspondientes a categorías protegidas. Todas las consultas, visualizaciones, alertas y modificaciones deberán quedar registradas para facilitar las auditorías.
Las decisiones seguirán en manos de operadores
Los resultados del sistema no podrán utilizarse como fundamento único para imponer sanciones disciplinarias, decidir deportaciones o determinar la liberación de una persona. Las alertas y las posibles coincidencias biométricas deberán ser revisadas por personal capacitado antes de cualquier actuación.
En particular, una similitud entre voces no será considerada una identificación definitiva. El sistema deberá mostrar el nivel de confianza de la coincidencia y la calidad del audio para que un operador evalúe si corresponde continuar con la investigación.
El gobierno estadounidense conservará la propiedad de los registros y de la información procesada. Los proveedores tampoco podrán utilizar esos datos para entrenar o mejorar modelos comerciales de inteligencia artificial.
Por qué importa
El proyecto amplía la vigilancia sobre personas detenidas por migración en Estados Unidos y combina biometría de voz con análisis de video. Aunque la letra chica promete límites y revisión humana, organizaciones de derechos civiles suelen cuestionar ese tipo de garantías.
Qué sigue
La iniciativa es una solicitud de información: el próximo paso es que el ICE evalúe las respuestas del mercado y defina si licita el sistema. Todavía no hay contrato adjudicado ni fecha de implementación confirmada.
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