Sucesión de irregularidades en la Legislatura unicameral incomoda al peronismo cordobés

La Legislatura unicameral de Córdoba se convirtió en un punto incómodo para el peronismo provincial. No por derrotas parlamentarias, sino por una serie de episodios que golpean la imagen de transparencia que el oficialismo intenta proyectar. El gobernador Martín Llaryora pidió que la Justicia vaya "a fondo" en las investigaciones.

El primer escándalo ocurrió en enero de 2025, cuando apareció una "empleada fantasma". Guillermo Kraisman, exconcejal peronista, fue detenido al intentar cobrar el sueldo de una mujer que figuraba como contratada de la Unicameral pero que nunca trabajó allí. Kraisman ya enfrentaba una causa por robar productos de un supermercado siendo funcionario municipal.

La designación estaba vinculada a la legisladora oficialista Nadia Fernández, quien se desligó del nombramiento. Meses después, fue designada secretaria general de Gestión Penitenciaria. El caso abrió el debate sobre un sistema de contrataciones utilizado para distribuir cargos entre allegados de los legisladores.

Tres meses después, las autoridades difundieron los nombres de 1055 contratados, entre los que aparecían familiares de dirigentes, 86 exintendentes y referentes políticos. Unos $1000 millones mensuales se destinaban a ese personal, en su mayoría "asistentes" sin funciones específicas. La vicegobernadora Myrian Prunotto sostuvo que "no hay contratados fantasmas" y que las contrataciones dependen de cada legislador.

En las últimas semanas, un caso judicial escaló y alcanzó nuevamente a la Unicameral. En la investigación por grooming y abuso sexual de menores en Villa de María del Río Seco, la Justicia detectó que uno de los detenidos, José Aníbal Ricardo Villarreal, era asesor del legislador oficialista Ramón "Cañito" Flores. Villarreal tenía antecedentes penales por abuso sexual y reducción a la servidumbre.

Flores pidió la desafectación de Villarreal y luego se tomó licencia. Dijo que era "muy confiado" y que el acusado era "conocido de toda la vida". Horas después, otro asesor de su equipo, Ariel Alejandro Rodríguez, fue separado por un presunto caso de peculado en la Epec.

Ante estos hechos, la Secretaría Administrativa de la Unicameral dispuso que asesores y funcionarios presenten certificados de antecedentes de la Policía de Córdoba y del Registro Nacional de Reincidencia. La medida alcanza a nuevas contrataciones y renovaciones.

El femicidio de Agostina Vega también tuvo impacto político. El intendente Daniel Passerini le pidió la renuncia al concejal Ricardo Moreno, quien admitió haber "hecho entrar" a la Municipalidad al acusado del femicidio, Claudio Barrelier, quien tenía antecedentes penales. Llaryora decidió aplazar la asunción de Rodríguez como Procurador Penitenciario.

Además, en Villa Dolores se juzga a Oscar González, exvicegobernador, por un choque en Altas Cumbres en 2022 donde murió Alejandra Bengoa. La sucesión de irregularidades pone en duda los controles del legislativo y genera malestar en el oficialismo cordobés.