Suspenden al intendente de Allen, Marcelo Román, por administración fraudulenta y peculado

El Concejo Deliberante de Allen, en Río Negro, aprobó este lunes por mayoría de seis votos contra tres la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, referente de La Libertad Avanza (LLA). La medida, basada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, se mantendrá hasta que haya sentencia definitiva en la causa penal que investiga al mandatario por presunta administración fraudulenta y peculado.

Mientras dure el apartamiento, el presidente del Concejo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá de forma provisoria el Poder Ejecutivo. La investigación penal, que comenzó con la formulación de cargos el 18 de junio, se centra en el desvío de fondos públicos en beneficio de un tercero.

Según la acusación fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, Román autorizó la compra de un teléfono celular por $479.999 mediante un servicio corporativo a nombre del municipio. Sumando los abonos mensuales, el perjuicio total al erario público asciende a $596.812,38. El dispositivo fue entregado a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local sin vínculo contractual con la municipalidad, quien habría utilizado el teléfono para "impartir órdenes y directivas" a empleados municipales, según la fiscalía.

La fiscal Graciela Echegaray explicó: "El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente, porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna y aun así recibió el bien del Estado y lo usó". Y agregó: "Dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal".

La justicia de Río Negro encuadró la conducta del intendente bajo los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado (en concurso ideal). El dictamen legal que avaló la suspensión sostiene que la medida es "higiénica en términos institucionales" y busca evitar el entorpecimiento de la investigación, ya que aún restan testimonios de empleados municipales por recolectar. El asesor legal del Concejo aclaró que la decisión "de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia" de Román.

Tras conocerse la suspensión, Román calificó la medida como un "acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional" y aseguró que responde a "cuestiones partidarias y políticas" para desconocer la soberanía popular. El intendente confirmó que judicializó su suspensión y presentó una denuncia penal por "abuso total de autoridad" contra los concejales que votaron a favor. Además, defendió su inocencia y argumentó que la única vía legal para removerlo es mediante un proceso de revocatoria o al finalizar su mandato. Pese a la ordenanza, Román manifestó su intención de continuar al frente del municipio mientras se resuelven las presentaciones judiciales. Es el único intendente libertario en la provincia de Río Negro.